Desde la CTA explicaron que “la finalización del mandato, luego de cuatro años de gestión, culmino en la fecha citada e implica, del mismo modo, la ilegalidad de todo acto de Gobierno que proviniera incluso del equipo ministerial, ya que ellos, al ser designados por el Poder Ejecutivo, podían acreditar la legalidad administrativa de sus actos sólo hasta el 25 de mayo del corriente año, fecha en que debió traspasarse la conducción del gobierno a quienes resultaran electos para otro periodo constitucional, mediante el mecanismo legal del voto popular directo”.

En esa línea aseguraron que esta crisis institucional “bien podría configurar el delito de usurpación de cargos públicos”; reiteraron el compromiso de la CTA “con la democracia, la justicia, el estado de derecho, la defensa irrestricta de todos los derechos de los trabajadores”; y repudiaron “la impunidad manifiesta en la pretensión de perpetuidad ilegal de un gobierno que ha concluido su mandato y que ha gobernado San Luis por 24 años”.

Como forma de solucionar este estado de situación, desde la Central plantearon la necesidad de realizar “convocatorias multisectoriales que aglutinen y generen una amplia participación popular”.