El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba admitió como querellantes a cuatro sindicatos, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) entre ellos, en una causa en la que se investigan presuntos delitos contra la administración, a partir de una denuncia que se presentó en 2004 contra el entonces Ipam, hoy Apross.

Según señala la información lo relevante del fallo radica en que Sala Penal del alto tribunal, integrada por Aída Tarditti, María Esther Cafure de Battistelli y Mercedes Blanc de Arabel, cambió la jurisprudencia en la materia. Al respecto, la doctrina tradicional señala que en los delitos contra la administración pública sólo se puede constituir en actor civil el fiscal de Estado.

En este caso, y a raíz de una denuncia contra el ex Ipam por presunto doble pago de la Provincia a una aseguradora de riesgo de trabajo (ART), se admitió como querellantes a la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ-CTA); al Sindicato de Empleados Municipales (Suoem); al Sindicato Personal de Obras Sanitarias (Sipos-CTA) y a la ATE-Córdoba. Todos tienen el patrocinio del abogado Miguel Ortiz Pellegrini.

La denuncia la había formulado en 2004 el particular Carlos María Bellotti, por presuntos delitos en perjuicio del ex Ipam y de la Provincia, a raíz del llamado a licitación que la obra social hizo para "adjudicar la atención médica de sus afiliados, como así también de las prestaciones derivadas de accidentes y/o enfermedades de trabajo de los empleados públicos".

"El fallo es trascendental y la investigación por presunta defraudación continuará ahora su curso con los cuatro gremios como parte del expediente", comentó Ortiz Pellegrini.

Fuente: Prensa ATE