Durante la conferencia de prensa, que se realizó en la sede luzyfuercista marplatense y ante un auditorio repleto de trabajadores, su titular, José Rigane, aseveró que “EDEA nos ha defraudado a todos: a la provincia y a sus trabajadores”. Esta denuncia se efectuó en el marco de un paro técnico, manual y administrativo que abarcó al total del personal durante el lunes y martes pasado.

Además, el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA) recordó que en el 2002 Luz y Fuerza inició una causa contra EDEA, que se tramita en el Juzgado en lo Civil y Comercial Nro. 14, a cargo del juez Fernando Mendez Acosta, por el reclamo a la empresa del 10 por ciento de las acciones (Clase “C”) que le corresponde a los trabajadores.

“Esta acusación de fraude se fundamenta en que el organismo contralor de EDEA, que es IEBA (Inversora Eléctrica de Buenos Aires) y que se encuentra en convocatoria de acreedores, en 1998 firmó un contrato con BAPRO (Banco Provincia), por el que, esta última institución iba a recibir el 10 por ciento de las acciones, convirtiéndose en agente fiduciario, para después transferirlas a los trabajadores”, explicó Rigane. Y agregó que “hemos comprobado que el Banco Provincia nunca ha sido tenedor de nuestras acciones, por lo tanto, la empresa IEBA, integrante del grupo Camuzzi junto a EDEA, se ha quedado con el 100 por ciento de ellas”.

Para el dirigente, no hay dudas de que este grupo pretende ocultar que se encuentra en un estado “de disolución con balances que, por lo descripto, son falsos”. Por eso, invocó a las autoridades bonaerenses a que pongan “en su justo lugar las cosas y que entreguen a los trabajadores lo que les corresponde”, para lo cual deberá resolver “el procedimiento administrativo, ya que estamos ante una situación de una gravedad inusitada”.

Cabe recordar que, en la década del 90, cuando la administración del ex gobernador Eduardo Duhalde vendió ESEBA (Empresa Social de Energía de Buenos Aires) el programa de propiedad participada determinaba que se debían dividir las acciones en dos clases: la dominante, propiedad de IEBA (90 por ciento), y la restante, de los trabajadores (10 por ciento). Ese porcentaje sería adquirido por los trabajadores en un plazo de hasta 10 años. En consecuencia el BAPRO debía supervisar el cumplimiento de los pasos administrativos y la designación de dos funcionarios que supervisaran la marcha de la sociedad.

“Sorpresivamente el BAPRO reconoce que ellos no actúan como fiduciarios sino como simples administradores, es decir no ejercen derechos políticos ni participan en las asambleas y que, además, no tienen la potestad de entregar la acciones a los legítimos dueños”, explicó Rigane. Por lo tanto, se viola la Ley de Sociedades, ya que la dirige un solo accionista y se atenta contra el programa de propiedad participada: “Los trabajadores nunca accederemos a nuestros derechos”, graficó.

Estas irregularidades llevaron al gremio de Mar del Plata a realizar, en agosto de 2002, una denuncia judicial por “maniobras fraudulentas”, en la cual exigieron la “nulidad de las asambleas de accionistas, las cuales han aprobado balances, por lo que EDEA esta en situación irregular”.