La sentencia fue leída el martes en una audiencia a puertas cerradas del edificio de Comodoro Py, en una sala en la que estuvieron presentes los familiares de Martín Cisneros junto a sus abogados y el fiscal de la causa, Di Paola Derqui. Afuera los esperaban los integrantes del Comedor Los Pibes de La Boca, encabezados por Ángel “Lito” Borello, fundador del comedor y el titular de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV-CTA) y miembro de la conducción nacional de la Central, Luis D’Elía.

Luego de conocida la condena de 15 años de prisión para Duarte, 13 por el homicidio de Cisneros y 2 por una sentencia dictada en el Tribunal Oral criminal 7 de Lomas de Zamora por “delitos contra la propiedad” que estaban pendientes, los representantes del Comedor Los Pibes dijeron no estar conformes y anunciaron que el fiscal apelará la medida ante la Cámara Nacional de Casación.

“Este fallo fue una mala señal, porque nosotros estábamos pidiendo un castigo ejemplificador. Este fue un crimen de un dirigente social por medio de sicarios al servicio de la policía”, indicó Borello en el improvisado acto frente a los tribunales. Por su parte, D’Elía también criticó la sentencia, aunque consideró como “positivo” el haber llegado a esta instancia ya que “abre paso a un país distinto, justo y libre”.

Finalmente, el actual coordinador del Comedor Los Pibes, Lucas Yáñez, dijo a los presentes que “necesitábamos un ejemplo de justicia para no generar un antecedente de que cualquier mano de obra barata atente contra compañeros de las organizaciones sociales”. Asimismo, indicó que seguirán “buscando las formas de meternos en la causa y de poder apelar la sentencia y de que se llegue a una condena más alta”, refiriéndose a que a lo largo del juicio los integrantes del Comedor no tuvieron acceso a la causa ya que no fueron aceptados como parte querellante en el homicidio.

Un crimen político

Así lo había clasificado D’Elía en una conferencia de prensa realizada el 26 de junio de 2004, un día después del asesinato del Oso Cisneros. “La brutalidad de la agresión sobre un dirigente social comprometido con los pobres e identificado con la política oficial y de larga trayectoria en la ciudad y el hecho de que ocurriera en las vísperas del 26 de junio, nos llevan a caracterizarlo como un crimen político”, había asegurado el titular de la FTV.

También rechazó “cualquier forma de agresión, represión o criminalización de la protesta social” y recordó que "ni la brutalidad de la agresión ni el dolor que nos genera, nos van a desviar del objetivo inclaudicable de luchar por la construcción de un país más justo y solidario".