
Frente a la Casa de la Provincia de Córdoba en la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) de distintos organismos estatales repudiaron y denunciaron 600 despidos en esa provincia y una campaña de persecución de la mano del gobierno de De la Sota “con la insignia de la dictadura”.
“Hoy estamos aquí para denunciar la persecución del gobernador De la Sota hacia los trabajadores del Estado”, indicaron representantes de la ATE y denunciaron que más de 600 trabajadores fueron despedidos y suman más de 16.500 los que trabajan en negro dentro del Estado provincial. Estas denuncias se presentaron en el marco de una movilización y escrache a esa Casa de Gobierno provincial organizada por los estatales cordobeses, acompañados por sus pares bonaerenses y porteños.
“Las organizaciones sindicales que pelean para dignificar la tarea del trabajador estatal están siendo cuestionadas porque quieren judicializar el conflicto y procesan por luchar a veinte compañeros por mala praxis”, expresó Oscar de Isasi, integrante del Equipo de Trabajadores de la Salud de la provincia de Buenos Aires, presente en dicho acto.
“Venimos a decir que De la Sota, más allá de sus operativos mediáticos para presentarse como un buen gobernante, mantiene a la mayoría del pueblo cordobés bajo el nivel de la pobreza. Y por eso ATE dice basta”, enfatizó el dirigente bonaerense y agregó que “el gobierno de De la Sota viola la libertad sindical y actúa como un caudillo, con una campaña de persecución que se asemeja a las formas de la dictadura”.
Allí recordaron que cuando ATE anunció la jornada nacional de lucha del pasado 20 de abril, las autoridades advirtieron la suspensión de los códigos de la cuota sindical y dejaron sin efecto la licencia gremial de la Secretaría de Finanzas. “Luego de los despidos masivos y los aprietes del Gobierno, nuestro gremio resolvió la continuidad de las medidas. Pero la persecución se intensificó. Amenazaron y golpearon a la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo de la filial de Córdoba, allanaron la casa de dirigentes de SIPOS, secuestraron la camioneta del sonido de ATE y amenazaron de muerte al abogado del sindicato y a dirigentes de la CTA”, indicaron.
Por eso reclamaron a las autoridades nacionales y provinciales “la plena libertad sindical, la investigación y esclarecimiento de todos los hechos intimidatorios, como así también la reincorporación de los 600 trabajadores despedidos”.
La Asociación Trabajadores del Estado de Córdoba pedirá la impugnación del acuerdo al que arribaron el jueves pasado el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), UPCN, ATSA y UPS con el gobierno provincial para reabrir la convocatoria a concursos para cubrir 5.100 puestos dentro del Estado.
El secretario gremial de la ATE cordobesa, Marcos González, informó que un comunicado de prensa del Consejo Provincial de ese gremio “rechaza las formas del reciente acuerdo, realizado por diversos gremios que se arrogaron la representatividad del sector de trabajadores de salud”.
“Es sabido que algunos de esos gremios carecen de ámbito de actuación para representar a los trabajadores de los hospitales públicos provinciales, lo que lo torna ilegal, en tanto que ATE tiene ámbito de actuación personal y territorial pleno”, advirtió el dirigente cordobés. La impugnación será reclamada por “improcedente” y por considerar que los trabajadores afiliados a ATE fueron “nuevamente discriminados en estas negociaciones”. Por esta razón, esta semana habrá asambleas en nueve hospitales provinciales, donde se analizará si la propuesta del gobierno será aceptada o rechazada.
El acuerdo al que llegaron SEP, UPCN, ATSA y UPS con el gobierno incluye, para los concursos que habrán de llevarse adelante a partir de ahora, un aumento en el puntaje para los trabajadores que actualmente se desempeñan como contratados en los hospitales. El puntaje de los “antecedentes laborales” será de seis puntos por año, a los que se sumarán cuatro más si el postulante busca ganar por concurso el cargo en el que actualmente se desempeña. Además, el acuerdo deja sin efecto la suspensión por 30 días en el llamado a concurso y en los próximos diez días comenzarán las nuevas convocatorias.
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