Baronetto argumentó que su pedido “es un reclamo social, de los organismos de derechos humanos y de quienes apostamos a una democracia participativa en serio”. Señaló además que las tareas de inteligencia apuntan a “instalar el miedo en la sociedad”. Confesó estar muy preocupado por los ciudadanos que desean participar en la vida democrática del país y que se ven impedidos por que son vigilados por el propio aparato gubernamental.

Esta situación quedó acreditada cuando tiempo atrás la revista de tirada nacional Noticias, publicó un informe titulado “Cómo espiar a la oposición”, que da cuenta de la existencia de un sistema de pesquisa dirigido a vigilar las actividades de dirigentes sociales, políticos y gremiales.

Además, el informe reproduce fragmentos de las fichas personales de Baronetto, el cura Guillermo Mariani, y los dirigentes políticos Néstor Moccia y Cecilia Merchán.

A partir de esta presentación, el Jefe de Policía tiene diez días para expedirse y si eso no ocurre, el reclamo se trasladará a la Justicia. Al respecto, el subjefe de la fuerza asumió el compromiso de "entregar todo lo que podamos encontrar" y destacó "la vocación democrática de la institución".

No obstante, Emilia D’ambra, de la organización Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, le recordó que en una reunión anterior el ministro de Gobierno había dicho que esos archivos “no existían”.

“Pedimos que se abran los archivos de la época de la represión; algo que reiteradamente el Gobierno provincial ha negado y esta es una muestra de que existen”, precisa Baronetto.

En el mismo sentido, el legislador Ricardo Fonseca (quien también figuraría entre los espiados) cargó contra las autoridades del gobierno delasotista que “se niegan a la apertura de los archivos”. El legislador precisó que “las 35 fichas publicadas demuestran que los archivos existen” pero la Legislatura provincial “se negó a aprobar un pedido de informe”.

A su vez, la abogada patrocinante, Lyllan Luque, aclaró que “La ley nacional de protección de datos, a partir de la reforma del artículo 43 de la Constitución Nacional, habilita a las apersonas a solicitar que quienes tengan archivos de datos, los pongan a disposición de las personas afectadas. Que digan con qué interés y para qué los tienen”.

También acompañaron a Baronetto la representante de Abuelas de Plaza de Mayo, Sonia Torres, y los dirigentes sindicales Oscar Mengarelli, secretario general de la CTA Córdoba, Roberto Bardach, titular de la Central en la ciudad capital de la provincia, Ilda Bustos de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa (UOGC) y Alexis Oliva, del Cispren-CTA.

Megarelli denunció que en Córdoba “el aparato represivo sigue intacto” y que “la impunidad sigue enseñoreada”. Por su parte Roberto Bardach afirmó que “la sociedad debe conocer que es ilegal hacer seguimientos a las personas. Este pedido de Baronetto es fundamental para la democracia”.

Precisamente, si uno ingresa a la página de la institución puede leer: "Esta es la Policía que emerge de nuestro estilo de vida democrático, es la Policía del derecho y de la libertad, la Policia que protege los derechos humanos y se compromete en sus práticas cotidianas en un trabajo solidario, ético y de calidad profesional capaz de garantizar la justicia".