El pronunciamiento gremial agregó: “Más de una década de luchas de los trabajadores de la educación, de los estudiantes, de los padres, de la comunidad educativa reclamando la derogación de la versión provincial de la ley federal de educación. Años de acciones organizadas en contra del proyecto de educación neoliberal y de los intentos de privatización de la escuela pública. Años de sostenimiento comunitario, comprometido y solidario de las escuelas, de reparo para nuestros pibes y nuestras comunidades en los tiempos más difíciles y duros de nuestro país”.

Suteba ratificó que "luchamos por una escuela pública, popular y democrática, queremos jardines, escuelas primarias y secundarias con edificios dignos y seguros en todos nuestros barrios, queremos enseñar y que nuestros pibes aprendan, más presupuesto educativo y mejores salarios. Miles de veces dicho, en tantas acciones cotidianas, multitudinarias, creativas, de denuncias, propositivas. Campamentos educativos, movilizaciones, paros, Congresos Educativos, Jornadas Institucionales, Encuentros Político -pedagógicos, entre otras iniciativas”.

El documento se preguntó: “¿Qué expresa de lo planteado en nuestras luchas, el anteproyecto de la nueva ley de educación provincial?”. Y, a renglón seguido, respondió que: “el Derecho Social a la Educación; recentra la responsabilidad principal e indelegable del estado en proveer, garantizar y supervisar una educación integral para todos; El Estado es responsable de garantizar el financiamiento del sistema educativo provincial; Expresa que el presupuesto asignado no podrá ser inferior al efectivo erogado en el último ejercicio fiscal ejecutado; y Reorganiza el sistema educativo provincial en los niveles de educación inicial, primaria, secundaria y superior y Extiende la obligatoriedad de la enseñanza desde el nivel inicial (salas de 4 y 5 años) hasta la educación secundaria”.

El gremio que conduce Roberto Baradel -secretario adjunto de la CTA Buenos Aires- también reivindicó estos puntos del anteproyecto de Ley de Educación bonaerense: “Reconoce como derecho de los docentes a la capacitación estatal, gratuita, permanente, a lo largo de toda la carrera, en servicio, y con puntaje; expresa taxativamente que La provincia no suscribirá tratados ni acuerdos que impliquen concebir a la educación como un servicio lucrativo o un bien transable o que alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública o procesos de focalización o municipalización; incluye un capítulo de educación técnico-profesional; políticas públicas socio-educativas para garantizar el cumplimiento del derecho a la educación; desarrolla responsabilidades de la DGCyE en garantizar construcción y habitabilidad de las escuelas; plantea la participación de los trabajadores en el gobierno de la educación; representantes de la comunidad constituirán un órgano que desarrolle tareas de contralor y auditoria social en el establecimiento y priorización de las necesidades, distribución y uso de los recursos; reconoce los derechos de los estudiantes a constituir centros de estudiantes u otras formas de organización; y, finalmente, expresa que los cambios que impliquen la nueva ley no afectarán los derechos laborales de los trabajadores”.