La nota agrega: “La falta de gas en las estaciones de servicio, la de gas envasado, la de querosén y la de fuel oil, afecta el desarrollo de las actividades hogareñas mas comunes, como la de: calefaccionarse, cocinar e incluso alumbrar los hogares de aquellos a los cuales el Modelo ya les ha llevado el derecho al consumo de electricidad. Por supuesto también afecta los procesos industriales, la actividad agrícola, y el transporte”.

La declaración, firmada por José Rigane de FeTERA y Luis Fernández de ATC, sostiene que “desde el Gobierno se asegura que se hacen esfuerzos para no afectar el suministro de gas o electricidad a las casas de familia; se amenaza con aplicar la ley de abastecimiento y con recuperar concesiones petroleras. La verdad no sintoniza con el esfuerzo denunciado”.

Añade a continuación: “En plena crisis de modelo energético, (el modelo de la privatización), el Gobierno nacional continua sosteniendo la vigencia de los decretos ilegales e inconstitucionales, 1055/89, 1212/89 y 1589/89, que les permite a las empresas privadas exportar todo el gas y el petróleo que quieran; fijar los precios de los combustibles para el mercado interno; (por lo tanto de la electricidad, de todos los productos fabricados a partir de la utilización de gas y petróleo sumergiendo mas argentinos debajo de la línea de pobreza); y llevarse al exterior el setenta por ciento de las divisas obtenidas por la exportación de hidrocarburos”.

A juicio de FeTERA y ATC, “al mismo tiempo mantiene y no reclama, concesiones petroleras ilegales, como la mayoría de las que ostenta REPSOL y se preocupa por gestionar leyes que liberan de impuestos a las multinacionales petroleras y generan reprivatización de los recursos hidrocarburíferos, como las que se están produciendo en San Luis, Mendoza, Salta, Río Negro, Santa Cruz y Chubut; además de la entrega del Mar Argentino a Repsol y Petrobras. No basta con amenazar, las leyes están para que se cumplan y las ilegalidades hay que revertirlas”.

El parte de prensa señala que “el mantenimiento de esta situación, que evidentemente requiere superar la política de puro beneficio para las transnacionales de la energía, produce en nuestros gremios, la caída del salario, y pone en riesgo los puestos de trabajo tanto de nuestro sector como de los de los trabajadores de la incipiente actividad industrial”.

Por último, el gremio de taxistas y FeTERA reclaman la inmediata derogación de los decretos desreguladores de la actividad hidrocarburífera; el inicio de la recuperación de los recursos y la política energética por parte del Estado, a fin de garantizar, recursos, reservas, puestos de trabajo, precios y tarifas; la recuperación de la propiedad estatal con control social; el desarrollo de un mercado de combustibles que se referencie en los costos locales, y no en los internacionales y la implementación de una política de reservas que permita planificar las necesidades de combustibles en función del crecimiento.