
En diciembre del 2002, la Empresa Ledesma elevó a la Dirección de Recursos Naturales de la provincia de Jujuy, un pedido de desmonte de 1400 hectáreas en la selva de yungas, conocida como Yuto-Sauzalito, ubicada a 150 kilómetros de San Salvador de Jujuy. La autorización ya estaba dada, pero la información se “filtró” y entonces la CTA de Jujuy intervino junto a otras organizaciones.
Luego de movilizaciones, conferencias de prensa, reuniones con funcionarios del gobiernos provincial, notas que nunca fueron respondidas, 2 mesas de concertación (una en Jujuy y otra en Buenos Aires) y una fuerte campaña mediática de Greenpeace que incluyó fuerte campaña mediática que llevo a boicotear los productos Ledesma y a pedir a sus asociados y gente en general que manden cartas y correos electrónicos a Ledesma (según Greenpeace recibieron 50000 mails) solicitando que no se desmonte Sauzalito; en ese marco, se consiguió que no se realice el desmonte.
El 14 de agosto de ese año, Ledesma en un comunicado de prensa, informaba que “decidió no avanzar con el proyecto de Sauzalito y se comprometió a no hacerlo por 18 a 24 meses con el fin de profundizar los estudios de esa zona y seguir buscando tierras alternativas”. A pesar de las buenas intenciones, mientras se difundía este comunicado, Ledesma estaba desmontando en El Talar Salteño, también de su propiedad.
En el 2006 la Empresa Ledesma encomienda a la Fundación Proyungas un Plan de Ordenamiento Territorial de sus propiedades y luego un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), estudios que no cumplen los requisitos metodológicos y técnicos mínimos y simplemente dan por sentado la aprobación del desmonte. Resulta así, como nos enteramos sobre la convocatoria a una audiencia pública a realizarse el 11 de junio en la localidad de El Talar (a unos 200 km de San Salvador de Jujuy), para “la conformación de una reserva privada de 1802 ha, la preservación de corredores y cortinas forestales...”, que en realidad, no dice que es para el desmonte de la misma zona de Sauzalito.
La audiencia pública, presenta tantos inconvenientes que desde la Central de Trabajadores de la Argentina y PROCONSUMER (organización dedicada a los derechos de usuarios y consumidores), se decidió presentar un recurso de amparo, que tenía en algunos de sus considerandos:
• Imposibilidad de acceder a El Talar el mismo día de la audiencia, ya que la única línea de colectivos que llega, sale de la Capital a las 13 hs, hecho éste, que obliga a hacer noche y disponer de un monto de dinero para el alojamiento y la comida. Esto siempre y cuando el interesado en participar resida en San Salvador de Jujuy.
• Acceso a la información: en la Dirección de Recursos Naturales, se encontraba disponible un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para quienes quieran consultarlo, o en caso de no disponer de tiempo para sentarse y tomar anotaciones, existían otras dos posibilidades: sacar fotocopias blanco y negro del informe por la suma de pesos 47,50 y en su defecto a color, por 170.
• Limitación a participar solo a aquellos interesados que se encuentren en un radio de 3 kilómetros de la Dirección de Políticas Ambientales.
• Ayuda a la confusión por parte del Secretario de Políticas Ambientales, Guillermo López Salgado y Director de Recursos Naturales, Juan Pablo Villafañe; al declarar a los medios que la fecha de la audiencia era el día 8 y no el 11, como decía la convocatoria.
El viernes 8, el gobierno provincial presenta un escrito donde pide se resuelva esto rápido porque se estaban perjudicando “a todos los habitantes de la provincia”. Es muy llamativo que los jujeños resulten damnificados por la medida cautelar y no por el desmonte. El día lunes 11 por la mañana, los compañeros abogados de CTA y de PROCONSUMER, tienen que presentar un escrito respondiendo y hay que ver como sale, porque indudablemente la provincia/Ledesma, ya salieron a apretar.
La yunga, también llamada selva de montaña o selva nublada, se extiende desde Bolivia hasta Catamarca, atravesando Tucumán, Salta y Jujuy. Junto a la selva misionera, constituyen los ambientes con mayor biodiversidad del país, es decir, con mayor variedad de especies animales y vegetales.
Entre sus habitantes más conocidos hay tapires, monos, coatíes y 7 de los 9 felinos argentinos y el más grande de América: el yaguareté. Los árboles más conocidos son el ceibo, lapacho, palo borracho, jacarandá, cedro, roble, etc.
Esta selva cuenta con diferentes pisos de vegetación, que van de los 400 metros sobre el nivel del mar, hasta los 3000 metros aproximadamente.
El piso más bajo de la yunga, llamado selva pedemontana, se encuentra en una situación muy crítica, ya que sus condiciones de tierras planas aptas para el cultivo, la están haciendo desaparecer por plantaciones de caña de azúcar, soja, tabaco, etc.
Al actual ritmo de desmonte, se supone que en muy contados y cercanos años, la selva pedemontana de yunga desaparece. Este ambiente, es único en el mundo, al igual que sus especies, si se pierde, no se recupera.
Yuto-Sauzalito funciona como un puente verde gigante, de unas 4000 hs aproximadamente, que conecta los sectores noroeste y sudeste de la selva de yunga y constituye la única posibilidad de corredor yungeño que conecta las Serranías de Calilegua y Santa Bárbara.
Además, representa el ecosistema en mayor riesgo de la Argentina, por ser el sector más bajo de la selva de yungas y por lo tanto, el mas utilizado para cultivos; además de cobijar a numerosas especies en peligro de extinción. La necesidad de que “este puente verde” se conserve en estado natural, garantiza el movimiento de fauna y semillas, que podría verse impedido con el desmonte.
Al igual que en el año 2002, resulta lamentable la paupérrima participación de los órganos del Estado provincial que deberían velar, fiscalizar y garantizar como función indelegable, la conservación de los recursos naturales de la provincia y no respaldar la producción de un privado, por sobre los intereses de los jujeños.
El Estado provincial, es también quien debería haber presentado el recurso de amparo haciéndose cargo de sus funciones, y no nosotros como organización. Al igual que debería ser la instancia responsable de generar políticas ambientales, que solo existen en el pomposo nombre de Secretaría de Políticas Ambientales.
El modelo productivo hoy vigente, nos obliga como Central a discutir la distribución de la riqueza en la situación de miseria, exclusión y precariedad que se genera.
Evitar el desmonte, en virtud de todo lo planteado y además por:
• Imposibilidad de revertir las consecuencias del desmonte en la zona de Sauzalito, por resultar absolutamente irremplazable.
• Es inadmisible la posición del gobierno provincial, que en lugar de velar por los recursos e intereses de los habitantes de la provincia, se ocupa de cuidarle el negocio a la Empresa. La función del estado deber ser otra y no la actual paupérrima y carente de propuestas y políticas ambientales.
• Distribución de la riqueza. Mas desmonte no implica más trabajo, porque todo está mecanizado y la ganancia que Ledesma año a año incrementa nunca alcanza a los trabajadores, que encima permanecen en la misma exclusión, acompañada por las enfermedades producto del desmonte, utilización de agroquímicos o la elaboración del papel.
El gran desafío, es gestar un nuevo modelo de política ambiental que produzca como consecuencia, un modelo social abarcativo para todo el país.
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