Resulta alarmante para todo la sociedad civil y en especial para las organizaciones sociales y sindicales, una nueva norma que nace con un manifiesto desprecio por las garantías constitucionales e internacionales más elementales sobre los derechos humanos, pero que además se enmarca en un escenario internacional de permanente “Guerra contra el Terrorismo” encabezada por el propio Gobierno de los Estados Unidos, con un hegemónico marco ideológico de persecución y penalización a todo aquel que piense diferente.

En este contexto, en nuestro país se intenta consolidar la criminalización de la protesta y penalización de la pobreza vigentes, siendo dispositivos fundamentales del poder económico para mantener el statu quo en el marco de una injusta distribución de la riqueza. Esta norma no hace más que acercar a jueces y funcionarios de la línea “Bisordi” un instrumento perfecto para aplastar el conflicto social y sancionar cualquier acción popular en una tipificación de “asociación ilícita terrorista”.

A pesar de ser enunciados supuestamente justificativos de lucha contra el terrorismo, esta ley funcionará en la práctica como un nuevo marco jurídico represivo del cual se nutrirá el sistema judicial argentino para continuar persiguiendo y criminalizando a los luchadores sociales de todo el país. En busca de orden y disciplinamiento social con la ansiada anulación de los conflictos.

En efecto, la existencia de una supuesta “Guerra contra el Terrorismo” de características “preventivas”, cuyas premisas son tan difusas que permiten su extensión hacia los más diversos supuestos y acciones, operan hoy a nivel internacional como instrumentos normativos que permiten esteriotipar a toda organización anti-imperialista como organización “terrorista”.

Justamente, esta propia indefinición permitió que el calificativo de “terrorista” se haya extendido a organizaciones sumamente disímiles entre sí, y que difícilmente posean rasgos comunes. Precisamente por tratarse de una “guerra no convencional” contra un enemigo “no convencional”, se trata de una “guerra permanente”, que se desarrolla a escala global y que funciona como un elemento que sirvió para desactivar el respeto al derecho internacional y los derechos humanos.

En el trasfondo de este tipo de legislación subyace la idea de un mundo (o una sociedad) sin conflictos, donde las reglas de organización y distribución ya fueron establecidas sin posibilidad de transformación o modificación.

Nuestra historia política nos marca que debemos comenzar justamente a desandar un camino que tiene sus raíces en la última dictadura militar genocida que intentó consolidarse en la década del ’90 con un accionar represivo primero vía la desaparición forzada de personas y luego con la desaparición socio-económica por planificación de la desigualdad donde hubo una línea de acción común con una ligazón indudable: el proyecto neoliberal.

Desde la CTA -junto al campo popular- apostamos a ampliar los canales de democratización y participación social que puedan desnaturalizar la desigualdad y el hambre buscando transformarnos en una sociedad más justa, libre y soberana.