Accidente laboral en Río Tercero
La CTA pide castigo para una empresa petroquímica
Viernes 22 de junio de 2007, por Corresponsalía Córdoba *

La Regional Río Tercero, Córdoba, de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) cuestionó a una empresa petroquímica de esa ciudad a propósito de un reciente y fatal accidente de trabajo, e indicó que “nuevamente los trabajadores somos víctimas de la voracidad empresarial que prioriza las grandes ganancias en detrimento de la seguridad laboral”.

En un documento firmado por Héctor Quiroga, Oscar Gigena y Omar Gaviglio, secretarios general, adjunto y de organización respectivamente, la CTA riotercerense dice que “lo ocurrido en Petroquímica Río Tercero S.A con la muerte de dos compañeros trabajadores, más otros compañeros accidentados, reafirma, sin lugar a dudas, el concepto primario de las empresas privadas: primero las ganancias y después la seguridad de los empleados y la comunidad. Es la regla de oro de la burguesía industrial argentina”.

La respuesta pública que hace el jefe de relaciones humanas de dicha compañía, “aparte de ser para nada creíble, porque el hecho ocurrió llevándose vidas, quiere hacer una disquisición burocrática sobre la seguridad, porque dicen cumplir con normas internacionales y que el hecho sólo fue un desgraciado accidente”.

Para la CTA, “todo accidente es prevenible si se toman las prevenciones correspondientes, más aún en esta industria de procesos que trabajan con gas sofocante y venenoso como fosgeno, debiendo aplicar el concepto prioritario de que la seguridad industrial es una inversión y no un gasto”.

La declaración puntualiza que “este terrible hecho debe ser investigado a fondo por el fiscal actuante. Hay accidentados, hay muertos, por lo tanto habría delito penal. Los responsables deben ser castigados y la empresa debe ser abierta a la comunidad riotercerense porque no es segura como quieren hacernos creer sus directivos”.

Finaliza el pronunciamiento: “Basta de accidentes señor intendente, lo exhortamos para que los diferentes organismos de control funcionen con la responsabilidad funcional que la ley les exige”.

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