En la noche negra del 15 de diciembre de 1976, un grupo de personas armadas violó su domicilio y lo secuestró. Luego fue visto en el ex Centro Clandestino de Detención Arsenal Miguel de Azcuénaga; posteriormente fue asesinado y su cuerpo habría sido enterrado a unos 25 metros del Dique El Cadillal. Este fue el final del peronista Dardo Francisco Molina, quien se desempeñó como presidente del Senado provincial y vicegobernador durante la gestión de Amado Juri.

Por estos hechos, el juez federal subrogante Nº1, Daniel Bejas, procesó con prisión preventiva nuevamente al represor Antonio Domingo Bussi por los delitos de genocidio, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas o vejaciones, torturas seguidas de muerte, desaparición forzada de personas y asociación ilícita agravada. El fallo, que fue firmado el 21 de junio pasado, alcanza a los generales retirados Luciano Benjamín Menéndez(ex jefe del III Cuerpo del Ejército) y a Albino Mario Alberto Zimmermann (ex jefe de la Policía entre abril de 1976 y junio de 1977). A los tres imputados, el magistrado les trabó un embargo en los bienes por un monto de un millón de pesos. Este procesamiento (en el que se excusó de actuar el fiscal federal Nº1 Emilio Ferrer) se suma al que se dictó en la causa por 65 víctimas que pasaron por el ex CCD.

Sólo en el caso de Alberto Luis Cattáneo (ex jefe del Destacamento 142 de Inteligencia y coordinador de la denominada Comunidad de Servicios de Inteligencia), Bejas decidió declarar la falta de mérito al concluir que por ahora no existen elementos de convicción suficientes para ordenar su procesamiento o sobreseimiento. Y para avanzar en esta cuestión, pidió al Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino que informe en qué fecha cesaron las funciones de Cattáneo en el Comando de la Vº Brigada de Infantería.

En sus dichos que constan en el expediente judicial, a pesar de la negativa expresa a declarar, Bussi dijo desconocer qué pasó con Molina y volvió a defender su misión como jefe de la 5ta Brigada de Infantería del Ejército Argentino y gobernador de facto de atacar al fenómeno subversivo. “Como gobernador militar, mal podría hoy, después de transcurrido treinta años recordar todas y cada uno de los actos de guerra y acciones de gobierno que ocurrieron entre 1976 y 1977......Sería el caso de indagar al gobernador (José) Alperovich, en la presente circunstancia que vive la Provincia, sobre los desaparecidos, asesinados, secuestrados, asaltados, que ocurren periódicamente en su provincia...”, dice en el escrito judicial. A esto agregó que Molina “es uno de los tantos casos -sin duda de los supuestos desaparecidos- de individuos ideológicamente comprometidos con el accionar subversivo”.

Informe: Primerafuente, Portal de noticias de la Asociación de Prensa de Tucumán (APT-CTA)