El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Provincia de Córdoba anuló ayer jueves las excarcelaciones de 10 de los 19 imputados por el incendio de la sede judicial de la ciudad de Corral de Bustos, ocurrido el 4 de diciembre de 2006 tras el fallecimiento de Ariana Sabache (3 años), quien murió como consecuencia de una violación.

El fiscal de Instrucción Carlos Ernesto Viramonte -quien originalmente imputó a 40 personas por los disturbios-, deberá ordenar nuevamente la detención de las 10 personas que habían sido puestas en libertad meses atrás por la Cámara del Crimen de San Francisco, instancia que había revocado las prisiones preventivas.

El tribunal sanfrancisqueño se hizo eco de la tendencia actual de mantener en libertad a los imputados en tanto y en cuanto no haya riesgo procesal, por lo que ordenó liberar a los 19 imputados. A su vez, Viramonte casó esa sentencia apoyándose en que las penas de las que son pasibles algunos de los acusados, que van de los 5 a los 15 años de prisión. El fiscal de Instrucción entiende que, además, debe contemplarse que hay acusados con antecedentes, algunos de ellos con condenas.

Al resolver esta controversia, el TSJ deberá ahora pronunciarse respecto de una eventual inconstitucionalidad del Código de Procedimiento Penal de la Provincia, cual es la de casar solamente sentencias que están firmes.

La medida del TSJ afecta a: Néstor Omar Pasquini, Jorge Alberto Luna, Walter Hugo Francischelli, Joaquín José Teuler, Miguel Ángel Furlan, Hugo Daniel Dobba, Mario Hugo Becerro, Horacio Esteban Guayanes, Rogelio Ricardo Mattiacci y Cristian Enzo Scoccia

El único detenido de los 40 imputados por la pueblada de Corral de Bustos es el abogado Víctor Luis Barbero, quien está acusado de fabricación y tenencia de bombas, incendio doblemente calificado y lesiones leves en agresión.

¡Otra andanza de la Justicia cordobesa!

La CTA-Villa María emitió un comunicado criticando con dureza la resolución de Tribunal Superior y en su introducción manifiesta que “en una causa que recopila comentarios y chismes y deja de lado algunas pruebas, donde el damnificado (locatario del edificio dañado) decide la cárcel de los imputados y donde no se respeta lo establecido en los pactos internacionales y se viola los criterios fijados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA”.

En un de sus párrafos, el comunicado firmado por Camilo Rodríguez, Jesús Chirino y José Luis Bernabé, secretarios general, de Derechos Humanos y de Organización respectivamente, sostiene que “con esta resolución la justicia cordobesa está jugando a la profecía que se autocumple: les muestra la cara más injusta a los procesados, les dice que van a ser detenidos y espera ver si alguno huye azuzado por el miedo y el no respeto al derecho, para entonces poder decir “vieron, se querían escapar”. Juego perverso. Pero estos imputados hace rato vienen pidiendo justicia y el esclarecimiento del caso”.

Destaca que “más allá del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia que están preparando abogados de los imputados para revertir la medida, es necesario denunciar públicamente que resulta jurídicamente aberrante, tal cual se lo dijera en más de una oportunidad, que el propio damnificado (el TSJ), es decir el damnificado, esté decidiendo acerca de la libertad de los imputados ¿Porqué esos jueces no se apartaron?”.

Afirma que “la causa de Corral de Bustos tiene otras cuestiones que no serán fácil de explicar. Por ejemplo, porqué existen participes de lo sucesos que han sido tomados como testigos de identidad reservada (dos menores de 14 años, inimputables). La causa judicial es una falacia, en lo folios de la misma hay más rumores que pruebas concretas”.

Expresa que “en realidad, si no fuera por lo trágico del tema, quien lee esta causa puede creer que está ante un pésimo estudio antropológico del chisme. Los pies de barro de esta causa es que está fundada más sobre las versiones que en pruebas concretas y quizás esto se explique porque no quiere encontrarse la verdad”.

Marcha el 4 de julio

Los familiares de los imputados junto a la CTA-Villa María realizarán el miércoles 4 de julio, a las 21, una marcha por Corral de Bustos para repudiar la resolución del TSJ y denunciar “la incapacidad investigativa de la justicia de Córdoba, que genera zafarranchos como en la causa por el crimen de Nora Dalmasso, en Río Cuarto”.