En ese marco también exigieron que el proceso de integración energética se desarrolle “a partir de la recuperación de la soberanía sobre los recursos energéticos de la región. Este proceso debe basarse en el fortalecimiento de las empresas estatales de energía, la nacionalización de los recursos estratégicos y la utilización de la renta así conseguida en la construcción de un desarrollo sustentable con políticas de redistribución del ingreso y la construcción de nuevas matrices a partir de fuentes renovables de energía”.

Raúl Monte Domecq, coordinador ejecutivo de la red de organizaciones no gubernamentales de Paraguay Pojoaju, indicó que el encuentro de organizaciones sociales de la región “superó nuestras expectativas e incluso decimos que el Mercosur ya está atrasado en relación a los planteamientos y propuestas que logramos sobre integración regional”.

Agronegocios y militarización

Por otra parte, los debates sobre la problemática del modelo productivo de saqueo en América Latina dio cuenta de los sufrimientos que padecen los campesinos; explicaron los éxodos que generan los monocultivos -principalmente de la soja-, y el daño ambiental, sanitario y social que causa la soja transgénica por el uso de agrotóxicos.

“En el marco del modelo agroexportador, la expansión de los monocultivos esta provocando la destrucción masiva de la naturaleza. El auge de los agrocombustibles que ahora se fomenta, profundizará las consecuencias devastadoras que ya se vienen sufriendo con la exportación de materias primas destinadas a abastecer el consumo de los países industrializados”, es uno de los párrafos de la declaración del encuentro en relación a este tema.

Por lo que explicaron que se hace una defensa de “la soberanía alimentaria, cuyos principios articulan políticas de autonomía productiva en base a las necesidades de los pueblos, y no supeditadas a las demandas del mercado mundial. Es urgente implementar reformas agrarias basadas en los principios de la soberanía alimentaria y territorial de los pueblos campesinos e indígenas”.

También sostuvieron que “el modelo de desarrollo promovido en nuestro continente y su financiamiento han contribuido enormemente a la expansión de la pobreza, y a la acumulación de la ilegitima deuda de nuestros países. Esto ha resultado en megaobras de infraestructura, cuya ejecución responde a los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales y de sus socios nacionales y locales”.

Las 1.500 personas provenientes de sectores sociales organizados de Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, Bolivia y Paraguay deliberaron también sobre temas relacionados al avance de la militarización y la criminalización de las luchas sociales; la soberanía energética; la inclusión social; las migraciones; y las asimetrías en la integración de los pueblos.

En la apertura, la activista social de Paraguay, Maggi Balbuena, denunció la presencia agresiva de las transnacionales, que con la agromecanización están obligando a los desplazamientos, no solo hacia las ciudades, sino hacia el exterior, dejando consecuencias sociales traumáticas en las familias.

Fustigó también la intención de militarizar el continente y la amenaza latente que representa los Estados Unidos: “En Irak hay guerra por el petróleo. Venezuela está en la mira y muy pronto habrá agresión por otros recursos”. En ese marco repudió la intención de aprobar la ley antiterrorista, que de concretarse limitará aun más las luchas sociales.

En ese sentido, Pedro González, integrante de la Central Unica de trabajadores Auténtica (CUTA) del Paraguay contó que la ley antiterrorista en ese país “ya cuenta con media sanción en Diputados y hay que pararla ya”, contó y afirmó que “la nueva ley tiene 12 artículos tipificados en el Código Penal Procesal que ahora pueden ser considerados delitos terroristas con el sólo criterio de juez”.

“Resulta paradójico -ironizó el dirigente- que el Partido Colorado, que es claramente el partido del Estado y responsable del terrorismo de Estado en el país, hablé de ley antiterrorista”.