La marcha recorrió las calles 27 de Abril, Arturo M. Bas y Duarte Quirós, siguió por Marcelo T. de Alvear con la intención de realizar un acto frente al local del Ipam. Un fuerte operativo policial los obligó a detenerse media cuadra antes.

Previamente Rubén Daniele detalló el origen de la causa y la situación actual. Recientemente, en un fallo evaluado como “inédito”, el Tribunal Superior reconoció a los sindicatos como querellantes en la causa por supuesta defraudación.

Un poco de historia

El abogado que tramita la causa, Miguel Ortiz Pellegrini, explicó que en noviembre de 2003, los sindicatos arriba mencionados realizaron una denuncia penal por el pago doble de un mismo servicio. “El señor de la Sota le pagó 17 millones de pesos a la firma Consolidar (ART) y simultáneamente el Ipam, por los mismos servicios, les descuenta a los afiliados $1,70 por cápita”, aclaró.

Pasaron más de dos años para que el Tribunal Superior de Justicia los reconozca como querellantes. Esto significa que la parte acusadora la conforman los gremios y el fiscal. Pero el fiscal Amayusco les denegó el expediente. “Cuando estábamos contentos, cuando pretendíamos colaborar con esa acusación para que se identifiquen los culpables, se devuelva el dinero, y se esclarezca este agujero negro de la corrupción, nos encontramos con la sorpresa de que no nos da participación con las copias porque no hay imputados”, analizó.

La medida fue apelada por el abogado. Sin embargo subrayó que existe el peligro de que un juicio impulsado por cuatro sindicatos que se “plantan contra la corrupción en la provincia de Córdoba”, quede “impune”.

Rubén Daniele recordó que la empresa se comprometió a devolver el dinero y lo hizo en forma de capitas. De manera que “terminó devolviendo dos millones. ¿Donde están los 16 que faltan?, interrogó. Luego expresó que la ley de conformación del Apross “hace agua porque la constitución dice que debe ser administrada por sus beneficiarios con participación del Estado y no al revés”. Fustigó al modelo del gerenciamiento “que nada hace por la salud” y “se quedan con un treinta por ciento”. El dirigente municipal anunció que los gremios proponen “que se vayan las gerenciadoras y que vuelva el sistema solidario”. Será “una lucha larga, pesada y desigual”, sostuvo.

Por su parte, el dirigente judicial Martín Carabajal recalcó que desde su creación “los verdaderos dueños de la obra social no la hemos conducido” y que tanto “los gobiernos democráticos y de facto, los prestadores médicos, las gerenciadoras y los que “sabían” terminaron por fundirla”. “Le decimos al doctor Amayusco que entienda que somos parte del expediente los 500 mil aportantes obligatorios”.

En tanto, Oscar Mengarelli, titular de la CTA cordobesa, destacó la masiva presencia de los municipales en la marcha y anunció la presencia solidaria del personal civil de las Fuerzas Armadas que está luchando por aumentos salariales, el 82% móvil y por participar en los procesos de transformación por paritaria.

Luego vapuleó a las gerenciadoras que se quedan con el 25% del presupuesto, al enriquecimiento de los monopolios del medicamento y sanatoriales que además promueven la precarización laboral. “Vamos por un sistema solidario y que la obra social se democratice con el voto de los afiliados”, enfatizó.

Finalmente, Luis Bazán calificó de “guardia pretoriana contra el pueblo” al fuerte operativo desplegado con brigadas especiales y policía montada en el lugar. “Los regímenes políticos corruptos que gobiernan contra el pueblo, roban los aportes de los trabajadores de las obras sociales y han transformado al Estado provincial en un gestor de negocios de los grupos económicos privados, solamente pueden sostenerse con operativos represivos fascistas contra el pueblo trabajador”, opinó.

Los gremios querellantes anunciaron que la lucha tendrá continuidad hasta lograr que la justicia actúe con celeridad en la causa referida. Además, exigen que la obra social Apross- Ipam sea devuelta a los trabajadores por que “no es una repartición más del gobierno”.