La medida, encuadrada en la Ley 14.786, obliga al sindicato y sus trabajadores representados a abstenerse de realizar medidas de protesta de acción directa y prestar servicios en forma normal, y a las empresas a no tomar represalias de ningún tipo con su personal ni con ninguna otra persona en relación al diferendo.

Además, el Ministerio exhortó a las partes en conflicto a “mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir, de esa manera, a la paz social”.

La resolución fue tomada al día siguiente de la última medida de fuerza del Cispren (paro de dos horas por turno), que tuvo un alto nivel de acatamiento en Córdoba Capital y el interior y fue acompañada de una manifestación frente a los diarios La Voz del Interior y Día a Día, en la que no ocurrió ningún incidente que justifique suspender el ejercicio del derecho a huelga y protesta con una determinación que objetivamente favorece a las patronales al imponer un statu quo durante el que todo indica continuarán sin formular una propuesta seria de incremento salarial que implique una legítima paz social.

“Protege a las empresas”

En tal sentido, el Cispren planteó su desacuerdo en la audiencia celebrada la semana anterior al considerar que “no se dan las condiciones sustanciales ni formales que justifiquen esta resolución, toda vez que no se ha alterado la paz social, que las partes se encuentran en plena negociación, que la parte gremial ha mantenido la buena fe negocial a lo largo de todo el proceso y que, en definitiva la conciliación obligatoria viene a proteger el normal desenvolvimiento del sector empresario y el mantenimiento de la situación salarial actual, en momentos en que la situación de los trabajadores ha experimentado un grave deterioro que requiere una solución urgente”.

Tal como anunció la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) en un comunicado publicado por La Voz del Interior, donde calificaba como “hechos de violencia” y “una grosera agresión a la libertad de prensa” a la protesta gremial frente la planta de ese diario, se presentó contra el Cispren -el mismo día en que se dictó la conciliación obligatoria- una denuncia por la presunta “flagrante violación al artículo 161 del Código Penal, que establece que sufrirá prisión de uno a seis meses el que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico”.

A pesar de que la protesta de los trabajadores de prensa fue celosamente custodiada por la Policía sin que ocurrieran incidentes ni detenciones, esta denuncia de La Voz del Interior halló eco en la Justicia, que imputó a los compañeros Guido Dreizik (secretario General del Cispren y de Organización de la CTA cordobesa), Víctor Beccaría (secretario Gremial), Walter Moyano (delegado gremial en La Voz) y Daniel Klocker (editor de la agencia de noticias del Cispren www.prensared.com.ar ), en un claro intento de criminalizar el reclamo sindical que convierte en letra muerta la pretendida “paz social” que invocan las empresas y la autoridad laboral.

Sin propuesta y siguen las asambleas

Tal como era de prever, a la reunión paritaria del jueves pasado las empresas concurrieron una vez más con las manos vacías. Ante esta nueva muestra de intransigencia, el Cispren reivindicó el derecho a realizar asambleas informativas en los medios en el contexto de la conciliación obligatoria.

A pesar de la negativa de la representación patronal, el cronograma de asambleas -que se desarrollan entre el viernes y hoy martes- fue finalmente asentado en el acta. La autoridad laboral dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles 11 de julio, a las 14 horas.