“...Neutrales y egoístas: vosotros sois mucho más criminales que los enemigos declarados, como verdugos dispuestos a servir al vencedor en esta lid. Sois unos fiscales encapados y unos zorros pérfidos en quienes se ve extinguida la caridad, la religión, el honor y la luz de la justicia. El estiércol de vuestros intereses, que adora vuestra codicia y avaricia, y mezquináis para auxiliar a vuestros virtuosos y pobres hermanos que caminan a la batalla, al peligro de perder el mejor y más inestimable caudal de su existencia, no sea pues, que llegue a servir para apagar la hidrópica sed de los tiranos. Llenaos de rubor y temed el justo enojo de vuestros compatriotas a quienes abandonáis en el caso urgente de necesitaros”, escribía Martín Miguel de Güemes, gobernador de Salta, comandante revolucionario de gauchos rebeldes, en su proclama del 23 de febrero de 1815.

Aquella aristocracia salteña odiaba a Güemes porque representaba el orgullo de los de abajo, porque les había exigido colaborar con la guerra de la independencia y porque impuso la necesidad de repartir las tierras entre el gauchaje.

Por eso lo traicionaron y lo mataron, por ser “neutrales y egoístas”, como el propio Güemes había dicho.

Desde entonces hasta el presente, las muchedumbres salteñas han sido maltratadas por los descendientes de los matadores de Don Martín, los continuadores del patriciado salteño.

Ya no está el orden de los gauchos infernales, sino el sistema de los que traicionaron a aquella demostración de valentía y rebeldía populares.

A fines de junio de 2007, a casi ciento noventa años del asesinato de Güemes, más de seiscientos policías de la llamada Guardia de Infantería salteña dispararon gases lacrimógenos y balas de goma contra niños, mujeres embarazadas y hombres que vivían como podían en el barrio San Expedito.

Casi ciento veinte familias echadas a la fuerza para garantizar el orden del sistema impuesto por los descendientes de los matadores de Güemes.

Dicen que hubo una orden de desalojo escrita por un juez y que el argumento fue que aquellas familias cometían el delito de usurpación.

Palabras conocidas, razones repetidas, caretas recicladas. La Santa Propiedad debe ser defendida a pesar de las necesidades de la población.

Una de las mujeres gritó: "No me van a sacar, no me voy a ir. Nadie me saca de acá, me prendo fuego, soy sola con mis cuatro hijos, no tengo donde irme".

Por su parte, el diputado Claudio del Pla y la concejala Cristina Fofani, del Partido Obrero, “fueron golpeados por interceder en los abusos policiales. Los legisladores en reiteradas ocasiones habían solicitado la suspensión del desalojo de los vecinos de San Expedito”, agrega la información.

Los matadores de Martín Miguel de Güemes siguen vigentes y gozan de impunidad y buena salud.