Los medios radiales del lugar comentan sobre la falta del servicio de Justicia a pesar de que en el lugar funcionaba una dependencia judicial (Tribunales de competencia múltiple).

La gente comienza a entender que aquello que le pasa a cada uno es algo que también sufren otros vecinos que tienen causas sin resolver: asesinatos, accidentes, aparentes suicidios, robos y casos de tráfico de droga que nunca fueron esclarecidos.

Pero no solo se comenta la inacción de la Justicia sino también la utilización de la pista de aterrizaje para el tráfico de drogas, la piratería del asfalto que se da en la zona y que hace que la misma se conociera como "el Triángulo de las Bermudas”.

También se habla de que la familia de la niña, concretamente la abuela, había señalado ante la Justicia que la pequeña podía sufrir algo parecido a lo que terminó ocurriendo.

A todo esto hay que señalar que el Juez actuante en realidad había rendido mal cuando se presentó para dicho cargo, pero al no haber otro lo nombraron por un año.

Esta, a rasgos generales, era la situación que primaba cuando se conoció el caso.

Concentración

La población a través de una radio de la ciudad se autoconvocó para acompañar el cadáver de la niña a su sepelio.

Luego se dirigió a la plaza principal del pueblo para reclamar y pidió hablar con el Juez. Ya había tres detenidos, pero la gente quería que el Juez asegurara que se realizaría justicia. En este punto hay que recordar que un estudio realizado hace pocas semanas en Buenos Aires, por un fiscal, plantea que en los casos de violación uno de cada diez llega a condena. Los otros se escabullen por los artilugios legales. Por eso el reclamo. La razón asistía al pueblo que quería un compromiso de parte del Juez.

Esa realidad era percibida por la gente que reclamaba que el Juez hablara con ellos.

El Juez desconoce el pedido y dice que no hablará. La ciudadanía poseía la información de que el abogado Farías, quien ejercía como Juez de competencia múltiple en el lugar (entendía en todos los casos, de familia, laboral, penal, etc.), había rendido mal cuando se presentó como postulante para el cargo, pero que fue nombrado igual.

Los reclamos suben de tono y, en el marco de una protesta social, la gente se enardece y se producen daños al edificio de tribunales.

La guardia policial era poca y los refuerzos son demorados. Aquí se marca una línea de investigación que no se ha seguido, existen datos para creer que quienes prenden fuego al edificio no son los vecinos sino que son personas relacionadas con la falta de un servicio de Justicia serio en el lugar.

En este contexto, se dan situaciones poco clara que terminan en el incendio de tribunales y la destrucción del automóvil del Juez.

Justicia que practica la venganza

Luego se inicia una causa. Las directrices de la misma son las que anunciaran miembros del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) cuando la tarde del 4 de diciembre, y al otro día, visitan el lugar, y luego enuncian lo mismo cuando pasan por Villa María. Hablaban de que era necesario hacer entender que lo que pasó no podía pasar más, había que escarmentar a quienes hicieron eso.

Ese ha sido el espíritu de la causa. Así se despertó un accionar policial que puso el pueblo en medio del terror. Se hablaba de listas de gente que iba a ser detenida. La población antes de salir de la ciudad pasaba por la Comisaría y preguntaba si estaba en esa lista. Los vecinos despertaban pensando si iban a ser incluidos en la lista de detenciones. El fiscal Viramonte salía por los medios de prensa y decía que habría detenciones, que eran pocos, que el día del estallido social habían concurrido al lugar 1500 personas.

Todo el mundo estaba con miedo.

Hay que destacar la magnitud de la manifestación: en un pueblo de 10.000 personas participaron 1.500, según cifras consignadas en los medios de prensa nacionales y provinciales. Es decir más del 10% de la población salió a la calle a reclamar.

Las detenciones se hicieron en tandas, lo que hacía que el miedo se vivera semana a semana. Se hablaba, sin que fuera desmentido en los medios de comunicación, de una lista de más de cien detenidos.

Se terminaron deteniendo a 42 personas.

Es importante entender que la justicia no investiga, en realidad mete miedo para ver si alguien habla, acusa, señala y trata de ponerse a resguardo ante el peligro de ser acusado por una justicia arbitraria. Metodología propia de otro tiempo oscuro de la Nación.

Nula capacidad investigativa que se pone en escena en el caso de Río Cuarto, pero también en los casos que no puede resolver como las veintena de crímenes en Villa María, y los casos que producen reclamos en Río Segundo, Río Tercero, San Francisco, etc.

El pueblo acompaña el reclamo

A partir de la intervención de la Central de Trabajadores de la Argentina de Villa María, que se suma por la detención de dos periodistas, el pueblo inició una lucha que significó que la gente realizara “las marchas de los lunes” en Corral de Bustos. Más de mil quinientas personas participaban de las mismas. Ahora la modalidad son las caravanas.

La gente pide Justicia real y que se clarifique el hecho.

Luego de las apelaciones de las detenciones, las Cámara de San Francisco y Bell Ville, dispusieron que los procesados pudieran esperar la instancia de juicio en libertad.

El fiscal recurre ante el TSJ de la provincia y el mismo dispone la cárcel para 12 personas.

Esto se realiza en base a una mala interpretación de aquello que es obligatorio para la Justicia Argentina. Según el TSJ no es la conducta de los procesados, ni si tienen trabajo, si posee vínculos con el lugar, si no tienen intención de entorpecer el proceso, lo que determina la posibilidad de esperar el juicio en libertad. Hace una interpretación errada y dice que es el monto (en años) de la pena prevista para los delitos que se les acusa, lo que determina que el procesado tenga que ir a la cárcel.

Este caso, de tan aberrantes características y las protestas que despierta continúa con la participación de la CTA, APDH de Rosario y la adhesión de Abuelas de Plaza de Mayo en la persona de Sonia Torres de la ciudad de Córdoba.

Actualmente están detenidos, por la resolución del TSJ de Córdoba, Walter Francischelli, Néstor Pasquín, Jorge Luna, Joaquín Teuler, Miguel Furlan, Hugo Dobba, Horacio Guayanes, Rogelio Matiacci, Cristian Scozzia, Mario Becerro.

Se ha presentado un pedido de nulidad porque la resolución fue dictada por quien sería el locatario del edificio donde funcionaban tribunales. Es decir los miembros del TSJ deberían haberse apartado y nombrado conjueces para no ser el mismo locatario quien dictara la prisión.