El gremio enrolado en la CTA agregó al respecto que el problema no es solo por la falta de gas “sino porque se carece de controles preventivos por parte del Estado y se permite un margen de discrecionalidad empresaria inusualmente alto”; recordó que se trata “de la única distribuidora de gas natural con existencia de fluido suficiente para abastecer a sus usuarios y a otras distribuidoras en situaciones de emergencia, cuyo accionista mayoritario es el productor de gas más importante de la Argentina: Repsol”; sin embargo, “se produjeron cortes a los usuarios industriales con `contratos firmes con ventana interrumpible’ en un día de temperaturas medias que, a nuestro juicio, fueron consensuadas en el Comité de crisis que existe para estos casos y que inexplicablemente aparecen ante la opinión pública como "intempestivas".

En referencia a Gas Natural Ban, APJGas señaló en un comunicado de prensa que esta distribuidora “intenta trasladar en estos días todo el procesamiento del sistema comercial a España, modificando unilateralmente la confidencialidad de los datos de los usuarios de su zona de actuación, atrasando el tiempo de respuesta del servicio de atención de urgencias y afectando la contratación de servicios, de los reclamos, la lectura de medidores, los cobros y la previsión de la demanda”. Esto fue denunciado por el gremio el 2 de julio pasado Enargas, la Secretaría de Energía y la Cámara de Diputados para que arbitren las medidas necesarias a efectos de impedir que se ejecuten los actos descriptos.

“Simultáneamente, hemos verificado la desatención de la lectura y facturación de un sector de usuarios de Olivos y San Isidro, a quienes incluso se les corta el servicio sin haber recibido la facturación, ni los avisos previos”, afirmó APJGas. “Además, se está obligando a otro grupo de usuarios a tomar la lectura de su propio medidor y a llamar telefónicamente a Gas Natural Ban para aportar los datos del mismo, ya que las contratistas no realizan el trabajo en forma adecuada, ni son controladas por la prestataria”.

En otro tramo del informe se dio cuenta del intenta por aplicar una reestructuración del área comercial tercerizando por completo los trabajos de inspección (tanto en el aspecto técnico como administrativo), “y sin prever ningún mecanismo de control por parte de técnicos capacitados de la distribuidora, con lo cual la posibilidad de inspeccionar este tipo de tareas será nula y el perjuicio para los usuarios será definitivo”.