Si bien el fallo sólo refiere al indulto a Riveros, sienta jurisprudencia para todos los casos de represores a los que el perdón presidencial posibilitó eludir el accionar de la justicia.

En un fallo dividido, cuatro de los siete integrantes del máximo tribunal declararon la inconstitucionalidad del indulto que el entonces presidente Menem concedió al ex general Riveros, contra quien pesaban decenas de causas por delitos de lesa humanidad como detenciones ilegales, torturas y desapariciones de presos políticos, y que aún no había sido condenado.

Dos magistrados votaron en disidencia y otro se abstuvo de hacerlo. Mientras que los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Helena Highton de Nolasco y Raúl Zaffaroni suscribieron un mismo voto y dieron la ajustada mayoría al fallo, Carmen Argibay emitió un voto en disidencia y sostuvo que Riveros tiene a su favor una sentencia de la propia Corte, con una formación anterior, de 1990, que avala el indulto, por lo que en su caso se trata de "cosa juzgada".

Argibay opinó que en este expediente, y en todos los similares, no puede volver a analizarse el caso, so pena de violar el principio "ne bis in idem" (nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito). Con argumentos similares, Carlos Fayt también se pronunció en disidencia -aunque elaboró un voto propio- y Enrique Petracchi se abstuvo de votar. Por lo tanto, la votación resultó cuatro votos por la inconstitucionalidad, dos en disidencia y una abstención.

Con la anulación del indulto a Riveros, la Corte Suprema cierra un ciclo que inició en 2004, cuando el máximo Tribunal declaró en el caso del espía chileno Enrique Arancibia Clavel, que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Más tarde, en el 2005, los jueces determinaron la incostitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Riveros, ex comandante de Institutos Militares entre 1975 y 1978, está acusado de cometer más de 40 crímenes de lesa humanidad. Luego del indulto firmado por Menem en 1989, el represor quedó detenido en el 2000, imputado por robo de bebés durante la dictadura.

El caso de Riveros permitirá que se anulen los indultos a, entre otros, Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Leopoldo Galtieri, Cristino Nicolaides, Juan Bautista Sasiaiñ, José Montes, Andrés Ferrero, Adolfo Sigwald, Jorge Olivera Rovere y Albano Harguindeguy, todos beneficiados en el decreto 1002 que firmó en 1989 el ex presidente Carlos Menem.