La duodécima presentación del Informe, se realizó el jueves 12 de julio a las 18.00 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Se encontraban entre el público que colmó el auditorio, el secretario General de la CTA bonaerense Hugo Godoy y el secretario de Interior Pablo Masciángelo; la presidenta de la Asociación Miguel Bru, Rosa Bru y el Juez Federal Leopoldo Schiffrin.

Participaron del panel expositor Hugo Yasky, León Arsalnián, Daniel Soria, Paula Litvachky, Directora del “Programa de Justicia Democrática” del CELS y su presidente Horacio Verbitsky, quien estuvo a cargo de la coordinación.

El Ministro de Seguridad reconoció que la fuerza que dirige debe realizar “una fuerte autocrítica e introspección”. El funcionario señaló que con ese fin se elaboró “un programa de cambio en la cultura institucional, para someter a las prácticas corruptas a su enjuiciamiento y reconversión”.

Otro punto a destacar, fue la mención de la medida de amparo presentada por parte del CELS de que “promovió que se mejoraran las condiciones carcelarias, se decretó la ley de emergencia para el servicio penitenciario, y ya no hay personas menores de edad en las comisarías, entre otras acciones, de hecho hoy para nosotros un suicidio en una cárcel es una presunción de un homicidio producido por las fuerzas policiales”, aseveró Arslanián.

Esto posibilitó que “por primera vez en tres décadas la cantidad de personas privadas de la libertad ha dejado de crecer y ha comenzado a disminuir”, dijo Verbitsky e inmediatamente presentó a Daniel Soria, quien reconoció que existe una “debilidad estructural en la Justicia”. El magistrado además señaló que lo que posibilita llevar adelante modificaciones en el Poder Judicial son los casos relevantes “como lo es el caso Verbitsky”. Por último indicó que “garantizar dignas condiciones de detención y evitar maltratos requiere de ingeniería institucional”.

Luego, el presidente del CELS anunció a Hugo Yasky de esta manera: “Le voy a dar la palabra a mi secretario general, de mi Central de Trabajadores, que injustamente tiene postergada su personería gremial, pero que el CELS ha acompañado el reclamo ante los organismos internacionales para que esto se logre”.

El dirigente de la CTA destacó el aporte del Informe que “delata hechos de violencia, que nosotros determinamos como criminalización de la protesta social, que asume distintas forma, desde aquella que significa instituir la represión casi sin límite. A partir del crimen de Fuentealba existe la posibilidad de impulsar un proyecto de ley que imponga límites a la represión de aquello que forman parte de las demandas del campo popular”, dijo Yasky y agregó: “Hoy todavía hay sectores que siguen apelando a la represión del Estado sobre las demandas de los más pobres. La Argentina, junto con Venezuela, es uno de los países que más ha retrocedido en términos de derechos humanos y distribución de la riqueza en las últimas décadas”.

Sin embargo, Yasky resaltó que “nuestro pueblo siempre ha sido capaz de expresar su posición ante hechos que tienen que ver con el interés colectivo. Hemos logrado avances como el juicio a los genocidas, que representa un triunfo de esta cultura que ha logrado pacíficamente que aquellos que han sido parte del asesinato de nuestro pueblo den cuenta ante la justicia”, y propuso vincular “la construcción de justicia social con la construcción de un Estado de derecho, construir una cultura sobre la base de una correlación de fuerza que le permita a la sociedad avanzar hacia un mayor marco de respeto a los derechos humanos”.

Estos informes anuales que se vienen realizando desde el año 1994, denuncian las violaciones a los derechos humanos efectuadas por las fuerzas de seguridad exponiendo “la indiferencia alarmante del poder político ante casos de tortura”, según manifestó Paula Litvachky, quién además informó que “se advierte una incapacidad del Poder Judicial ante estos casos, ya que se muestra tolerante a la tortura que realiza la policía sobre los detenidos”.

Litvachky denunció que “no se advierte un proceso serio para revertir estas situaciones más allá de algunas medidas esperanzadoras. Para la separación de torturadores frente a casos de violencia policial, hay una necesidad de institucionalizar las medidas y que no queden en la órbita de la emergencia porque sino depende de la gestión de Gobierno”.

Finalmente, la referente del CELS indicó: “Debemos cuestionar fuertemente la matriz político judicial bonaerense y promover nuevas alianzas para poner en la agenda provincial estos temas urgentes”.

Hay que destacar que el “fallo Verbitsky” surge por el amparo presentado por el CELS en mayo del 2005, que permitió la interposición de un hábeas corpus colectivo a favor de las personas detenidas en las comisarías bonaerenses. La Suprema Corte de Justicia fijó además los estándares de protección de los derechos de los presos y ordenó a la justicia provincial verificar y remediar las condiciones inhumanas de detención de los presos detenidos a su disposición así como disponer la inmediata libertad de los adolescentes y enfermos detenidos en comisarías. Finalmente, la Suprema Corte exhortó a los poderes Eecutivo y Legislativo provinciales a revisar la legislación que regula las detenciones y recomendó que se conformara una mesa de diálogo en la que intervinieran las autoridades provinciales y las organizaciones sociales.