Según sus defensores, con esta reforma se agilizarán los trámites judiciales para los delitos en flagrancia, economizando recursos humanos
y técnicos, que podrán dedicarse a los delitos complejos. Con las quejas que abundan sobre la lentitud de la justicia, la argumentación parece razonable. Pero si el plan se reduce a los delitos en flagrancia, la realidad indica que sus destinatarios se concentrarán en una parcialidad social, la misma que hoy puebla mayoritariamente las cárceles de la provincia.

Está claro que difícilmente delitos de "guante blanco" puedan ser encuadrados en la flagrancia, ya que en general quienes practican la corrupción o cometen delitos "más complejos" conocen los mecanismos, incluso legales, para no dejar huellas. O incluso cuentan con recursos como para complejizar a su gusto los procesos judiciales.

Tampoco se ha mostrado una seria voluntad política de avanzar en contra de estos delitos. El signo más evidente es la existencia de una sola fiscalía anticorrupción, sin que se conozcan demasiados resultados ni sospechosos que puedan terminar en el penal de Bower.

Urgencia del debate público

El "Plan Piloto" que ahora se propone implementar presurosamente en Córdoba, ya fue debatido en la provincia de Buenos Aires y en Mendoza, mereciendo observaciones y cuestionamientos muy importantes desde la perspectiva de los derechos humanos.

Sin entrar en las especificidades de un tema que nos excede, pero teniendo en cuenta autorizadas opiniones en otras latitudes del país, así como críticas y observaciones efectuadas en el mismo poder judicial de Córdoba, considero una obligación de mis funciones reclamar que antes de que se instrumente esta reforma, que al parecer lo sería dentro de tres meses, se abra al debate público de los diferentes sectores de la sociedad, ya que las importantes consecuencias de las reformas propuestas recaerán sobre ella afectando con mayor gravedad los derechos de los sectores habitualmente más desprotegidos por la institucionalidad democrática.

La necesaria independencia del Poder Judicial no incluye ni menos presupone la exclusión de la sociedad en la definición de las políticas judiciales. Y en este caso no se trata -como pareciera- de meras reformas administrativas, ya que según voces autorizadas en la materia, los cambios propuestos profundizarán las diferencias sociales, con desigual trato judicial, al acentuarse el desamparo legal de los sectores más débiles e indefensos.

Voces autorizadas

En diciembre de 2006 el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)dirigido por Horacio Verbistky, la Comisión Provincial por la Memoria y otras organizaciones e institutos de Buenos Aires, especializados en estos temas, en el documento sobre la reforma procesal penal en esa provincia, expresaron su preocupación por las "consecuencias negativas" de las reformas impulsadas.

Reconocían importante el trabajo sobre el acortamiento de los plazos procesales, pero advertían que tal como estaban propuestos tendrían como efecto "la pérdida de institucionalidad de la defensa pública, con las graves consecuencias que ello puede aparejar para la defensa de las personas sometidas a proceso, y el resguardo de la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional".

Según dicho documento con esta reforma se debilita el sistema de la defensa pública, que es a la que deben recurrir los más pobres y todos los que no tienen cómo afrontar los honorarios de una defensa particular. Pero, además de eso, tampoco se avanza en la autonomía de los asesores letrados, ni en la dotación de recursos técnicos para desarrollar sus propias líneas de investigación, lo que -si se diera- contribuiría a fortalecer el sistema de la defensa pública.

Algunos fiscales de nuestro medio, a través de un extenso escrito titulado "Aportes complementarios al Plan Piloto para la prosecución de la reforma procesal en la Provincia de Córdoba", han señalado que acuerdan "con toda propuesta dirigida al acortamiento de la duración de los procesos."

"Sin embargo -añaden- nos preocupa conocer bajo cuales criterios de política criminal se instrumente dicho proyecto, por cuanto si sólo se impulsa la realización de un plan dirigido -como ocurrió con la experiencia llevada a cabo en Mar del Plata-, solamente a causas de flagrancia y cuasi flagrancia, bajo la apariencia de una presunta eficacia judicial, termine dirigiéndose sólo sobre sectores más vulnerables de la sociedad."

Al respecto resulta contundente la afirmación del Dr. Eugenio Zaffaroni publicada el 12/11/06 en el diario Página 12: "Yo sé que hay una propaganda que va por el mundo, que quiere una justicia ’express’, expeditiva, rápida, pret á porter, sin papeles ni nada me parece una barbaridad por mucho que la vendan en envase atractivo. En el fondo no es más que una suerte de linchamiento rápido de los pobres. Con signo diametralmente opuesto en lo político me suena al viejo ’paredón, paredón’."

Desde esta perspectiva, es fundamental que se interesen en el debate los diversos actores sociales de Córdoba, que por su actividad no pueden estar al margen de este importante tema. Nuestra convocatoria en consecuencia es a involucrarse activamente ante la inminencia de la implementación de esta reforma judicial, que con una argumentación razonable en algunos aspectos instrumentales, acarreará consecuencias que constituyen graves violaciones a los derechos humanos.