Puja redistributiva
ATE solicitó que “se adelante la política salarial”
Martes 17 de julio de 2007, por Prensa ATE *

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) de Santa Fe, solicitó al Gobierno provincial que la política salarial prevista para agosto para los trabajadores de salud y para noviembre para todos los trabajadores del escalafón, se adelante y se comience a abonar con los sueldos del mes de julio. Además, el gremio estatal de Entre Ríos cuestionó los atrasos en la construcción de viviendas.

ATE recordó que por decreto 0332 de este año el gobierno fijó la política salarial para el año 2007, que se aplicó a partir de los sueldos de febrero. Ese acuerdo estable dispone que a partir de agosto se complete el aumento del suplemento por mayor jornada para los trabajadores del agrupamiento asistencial - hospitalario y a partir de los sueldos de noviembre se concluya con el pase de las sumas no remunerativas a la asignación de la categoría de todos los trabajadores de la administración pública.

El gremio advierte que los sueldos de los trabajadores del Estado día a día pierden poder adquisitivo ante el aumento de precios, en especial de los artículos que conforman la canasta familiar. “Con esta medida se contribuiría a evitar un mayor deterioro en el poder de compra de los salarios de los estatales”, acota.

Entre Ríos: Cuestionan demoras

Los trabajadores del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) -enrolados en la ATE- ampliaron el abanico de los reclamos que suelen exponer en forma abierta los agentes estatales. Si bien demandaron al Gobierno una rápida recomposición de los salarios, de manera “equitativa y aplicada sobre el sueldo básico”, también plantearon una reactivación de la política de viviendas ya que, aseveran, en estos momentos “están parados” por la falta de ejecución de planes.

En un documento que elaboraron durante un encuentro que se desarrolló en Concepción del Uruguay, los empleados del IAPV exigieron que se dé “urgente inicio al programa Plurianual, el cual está firmado desde agosto de 2005, y a la fecha observamos que no se registra ningún avance al respecto”. En función de esa situación, dijeron, “consideramos que deben arbitrarse todos los mecanismos para efectuar los correspondientes llamados a licitación”.

Ese programa Plurianual, financiado por la Nación, que compromete la ejecución en todo el país entre 2007 y 2009 de 255 unidades habitacionales, supondrá la inversión de unos 22.000 millones de pesos. A Entre Ríos le corresponderán 10 mil de esas viviendas, en dos etapas de 5 mil cada una.

Diego Alberto, delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el IAPV, contó que los trabajadores analizaron la política de vivienda del organismo, y concluyeron en un documento que ya fue puesto en conocimiento del titular del ente, José Cáceres, en el que se considera que “las comisiones de evaluación técnica de proyectos, licitaciones y empresas deben ser renovadas, ya que el IAPV cuenta con un cuerpo técnico suficiente para esto, con la profesionalidad y honestidad que se requiere. La permanencia de los mismos profesionales y los inconvenientes que se han producido en muchas obras de toda la provincia deteriora la credibilidad en la capacidad técnica, cuando no la honestidad de los integrantes”.

El dirigente subrayó además que “el tema principal de preocupación pasa por la falta de ejecución de nuevos planes de vivienda. Vemos que el programa Federal y el programa Federal, que se realizan con fondos nacionales, ya se están terminando y se están realizando las últimas certificaciones. Y no hay planes nuevos. Esto a nosotros nos preocupa porque los empleados no tenemos trabajo para hacer. El programa Plurianual, disponible desde agosto de 2005, ni siquiera se ha licitado”.
En ese esquema, y con los planes ya en proceso final de entrega a sus adjudicatarios, los empleados del IAPV vislumbran un futuro ocioso. “Si hoy se licitara el programa Plurianual, el proceso llevaría unos 8 a 10 meses. Mientras eso se desarrolla, estaríamos limitados a realizar solamente pago a proveedores”, añadió Alberto.

Uno de los aspectos que subrayan los empleados como déficit serios para llevar adelante la política habitacional oficial es la carencia de terrenos. Por eso, exigieron la creación “de un Banco de Tierras”. De ese modo, sostiene, se evitaría “que las empresas aumenten sus márgenes de ganancia en detrimento de la calidad (ubicación, infraestructura, etc.) de los terrenos donde se construyen los barrios del IAPV”.


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