La conducción nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), a través de la Mesa Nacional de Salud y Seguridad Social, afirmó que “no es la primera vez que pasa en la provincia: el Hospital del Milagro ya fue concesionado a una empresa española cuyo principal directivo fue acusado de manejo corrupto en su país”; aseveró que la intención de Romero es “avanzar en la transferencia de los fondos públicos destinados a la salud del pueblo de la provincia hacia una nueva empresa a la que se le otorgará 60 millones de pesos por año para que supuestamente brinde servicios de salud a una población estimada en 142.146 personas por un sistema de `capitación’; es decir, un monto fijo por persona, utilice o no el servicio. Si la empresa considerara insuficiente dicha suma, el contrato habilita su aumento o la cancelación del mismo”; y subrayó que de acuerdo al texto de la licitación “la empresa cobrará legalmente el 8% anual por sus servicios, durante el período de 10 años y con opción a otros 10 más”.

La Mesa de Salud de la Central explicó que esto generará muchos perjuicios a la población, ya que “una empresa se quedará con el dinero de su salud en lugar de ser invertido en el hospital y centros de salud públicos; no se establecen los servicios de salud a los que tendrá acceso la población; si no tiene el carnet, o lo perdió, o se mudó de barrio no se podrá atender o tendrá que pagar; y aumenta la discriminación, favorece la idea de la salud para ricos y para pobres, y lo aleja de una salud universal”.

Asimismo se advirtió que este sistema impulsado por el gobernador Romero “avanza en la destrucción del sistema de salud público, universal, gratuito, eficiente y de calidad para toda la población; hipoteca la salud de la gente por 10 o 20 años; coarta las posibilidades de ascenso por concurso del personal de la salud; la concesionaria decide sobre la eficiencia, motivación y distribución del personal y puede pedir aplicación de medidas disciplinarias al ministerio de salud; avanza en la destrucción de las carreras sanitarias; y pretende romper la unidad de lucha de los trabajadores al establecer pagos por productividad y cumplimiento”.

Desde este espacio de la CTA también se indicó que la aplicación de este plan “es parte del Plan Federal promovido por el ministro de Salud de la Nación, Ginés Gonzalez García, y que fue denunciado reiteradamente por nuestra organización, ya que posibilita la transferencia de los presupuestos del Estado para el enriquecimiento de los grupos económicos en lugar de fortalecer el sistema público de salud, recuperando el rol del Estado en la defensa del la salud del pueblo”.

Por último, se manifestó que esta política “destruye los principios sanitarios llevados adelante por Ramón Carrillo”.