“Nuestro principal problema es el maltrato por parte de la policía: la persecución, el hostigamiento, que se las lleven y no las dejen trabajar”, afirma Elena Reynaga. Para argumentar el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad pública, Reynaga recurre a los ejemplos: “Tenemos casos de mujeres presas 21 días, o de mujeres a quienes se llevan tres días seguidos sólo para averiguar sus antecedentes. Otras son corridas permanentemente de lugar. Ni hablar de la falta de respeto con la que se dirigen a las trabajadoras”, dice.

Reynaga, junto a otros militantes y trabajadoras sexuales, lleva adelante la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, mejor conocida por sus siglas: AMMAR. Esta organización hoy cuenta con diez filiales en el interior del país, un centro de salud en La Plata y uno de educación en Córdoba. En Buenos Aires tienen, desde hace 12 años, una oficina en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Todos esos espacios están dirigidos por trabajadoras sexuales y son abiertos a la comunidad.

Para AMMAR, la creación de las zonas rojas es un “claro acto de discriminación”: “Las mandaron a Palermo donde, además de estar expuestas a las condiciones climáticas, no pueden trabajar bien. Los autos, por ejemplo, no pueden circular porque cerraron todo el predio”, señala. Comenta que, por eso, las trabajadoras sexuales migran a zonas como Once y Constitución, donde también existe la persecución y, sobre todo, la inseguridad.

Sin embargo, Reynaga aclara que la inseguridad no viene de parte del cliente: “Eso es un mito que se instaló en la sociedad. Nosotras damos un servicio y elegimos a quien atender y a quien no. Eso te lo da la experiencia de hacer la calle”, explica. Remarca que si las chicas no estuvieran allí, la asociación no tendría razón de ser, porque “el trabajo sexual es un trabajo más”: “No se trata de erradicarlo, se trata de reconocerlo”, insiste.

Interrogada acerca de la cantidad de mujeres que desarrollan esta actividad, Reynaga responde que no existen datos confiables. “No tenemos números específicos de mujeres trabajando a la largo y a lo ancho del país. El trabajo lo hacemos nosotros, trabajando a pulmón. La razón es que, a nivel gubernamental, no hay políticas específicas dirigidas al trabajo sexual”, argumenta la secretaria.

A pesar de esto, la asociación cuenta con un registro de meretrices. El método de afiliación es simple: primero, las trabajadoras sexuales completan una ficha y luego se les otorga un carnet con su foto, la firma y el número de documento. Una vez cargados, los datos permiten implementar prácticas de prevención y asistencia.

“Tenemos como objetivo crear un padrón real porque a nosotros nos sirve para trabajar. Además, teniendo esa credencial, las mujeres se sienten representadas, contenidas”.

Las meretrices tienen acceso a espacios de salud. Uno de los logros de AMMAR es que firmaron un convenio con el hospital Alvarez para que los especialistas atiendan a las mujeres en horarios más flexibles. “Antes de que las atiendan -explica Reynaga-le damos una charla de sensibilización a los médicos. Es que, ante todo, nuestro sector es muy carente de afecto y a veces se puede curar con una palabra”.

Hace poco, las trabajadoras sexuales impulsaron una encuesta por iniciativa propia. La idea era saber por qué las mujeres que no iban a hacerse controles de rutina a los hospitales. “El porcentaje más alto resultó ser el factor discriminación”, se apena.

Pero hay otra razón por la cual se gestiona ese carnet: “Muchas veces cuando la policía pide los documentos, luego de mirarlos, los rompe”, explica Reynaga y agrega: “Eso tiene una doble lectura. Por un lado destruyen un papel legal y por otro, quiebran el principio fundamental de la vida de las personas: su identidad”.

AMMAR también brinda asesoramiento legal a las mujeres que lo necesiten. Cuenta con abogados que trabajan para la organización y que se encargan de recorrer las zonas dos veces por semana. Además, van a las comisarías locales con las denuncias de las mujeres que tuvieron problemas o a las que les negaron el recurso de amparo.

¿Y qué pasa con aquellas personas menores de edad que se prostituyen? Elena tiene las ideas claras: “Nosotros tenemos una organización formada por personas mayores de edad que, por voluntad propia, ejercen este oficio. De ninguna manera integramos a niños”, asegura.

“AMMAR tiene como objetivo darle una mejor calidad de vida aquellas mujeres que por elección decidieron ser trabajadoras sexuales. Y para aquellas personas que lo hacen por necesidad, preferimos generar alternativas. Pero de ninguna manera, esta es una actividad marginal”, remata.

Fuente: Portal Infocívica.