Sería imposible abarcar el todo de cualquier realidad en todos los tiempos porque no alcanzarían ni todas las memorias ni todos los archivos del universo. Como en otras instituciones públicas, en la Jefatura de Policía se exhibían los retratos de quienes la condujeron desde sus inicios.

A propósito del reclamo de los archivos de inteligencia sobre mi persona, concurrí a la Central de Policía, acompañado por dirigentes sociales y organismos de derechos humanos. En el diálogo con las autoridades se les hizo notar la conveniencia de retirar las fotografías de quienes fueron Jefes de la institución en los años de la dictadura militar porque fueron partícipes activos y necesarios de la sangrienta represión ilegal en Córdoba.

Así se reveló ya en los inicios de la recuperación de la democracia en 1983, cuando la CONADEP-Córdoba registró el accionar del ex-jefe teniente coronel Benjamín Rivas Saravia. O los que le siguieron como Rosas Garay o Rodolfo Amilcar Campos, que también pasó por la D2.

Retirar las fotos de los jefes policiales de la dictadura significa realizar un gesto reparador para salud de la institución, señalando y reafirmando la voluntad de insertarla en el proceso democrático.

Es iniciar el demorado camino de la autocrítica institucional partiendo de la propia memoria. Del mismo modo que lo realizó el Jefe del Ejército, general Roberto Bendini cuando descolgó los cuadros de los genocidas en el Colegio Militar de la Nación, obedeciendo la orden del Presidente de la Nación como comandante de las fuerzas armadas.

O como lo hizo el intendente Luis Juez, a poco de asumir sus funciones, que reemplazó el retrato de los intendentes del gobierno dictatorial por los nombres de los empleados municipales desaparecidos en ese período.

Claro que -y no es un dato menor - en la provincia de Córdoba nunca existió la decisión política del gobernador De la Sota ni de sus antecesores, ordenándole al jefe de policía realizar el mismo gesto.

Es demasiado tenebrosa la historia negra del D2 (Departamento 2 de Informaciones), el temible centro de detención, tortura y muerte del Pasaje Santa Catalina, en el centro de nuestra ciudad, como para que la memoria de los cordobeses sufra la afrenta de jefes policiales venerados como próceres, mientras son señalados, acusados, imputados o procesados como torturadores o asesinos en las causas por violaciones a los derechos humanos.

La memoria que se quiere mantener viva es la que se elige como paradigma motivador del camino a transitar. Así como faltan los archivos de la represión, se estaba honrando como ilustres a quienes deben ser reemplazados de la memoria policial por los nombres de los miembros de la institución, como el subcomisario Alvareda y otros, víctimas del secuestro, la tortura y el asesinato a manos de sus pares, fieles ejecutores del terrorismo del Estado.