La "pintada" en cuestión fue ni más ni menos que un acto realizado artísticamente por tres jóvenes que le pusieron manos y corazón al deseo de millones de seres humanos. No se trató de una travesura juvenil ni un vacío gesto de rebeldía, sino de un acto consciente que pretendía dejar un testimonio y un mensaje de altísimo valor ético.

Los jóvenes, como muchos otros jóvenes en diversos momentos de la humanidad, invitaban a la sociedad a reflexionar sobre la sinrazón de entronizar un instrumento de muerte como es este tanque de guerra que, además, no tiene ningún lazo con gesta patria alguna y que si alguna función cumplió para el Ejército Argentino no pudo ser otra que la de reprimir a los propios ciudadanos argentinos ya que no participó en Malvinas.

Sin embargo, los tres jóvenes están hoy bajo proceso. El papel del estado municipal en este sentido ha sido lamentable, ridículo y demostrativo de que las concepciones fascistas siguen enraizadas en bolsones de poder. En efecto, a través del decreto Nº 33 del Departamento Ejecutivo Municipal del 26 de mayo de 2006, se reivindica a toda la acción del Ejército Argentino "que siempre ha luchado conforme su mandato por salvaguardar los destinos de nuestra patria", y manifiesta de manera insólita que las palabras “Amor, Paz y Argentina” escritas por los tres jóvenes, agravian a la comunidad de Oro Verde.

En el colmo de la desmesura, citando expresamente a su Asesoría Letrada, la Intendencia sugiere un encuadre penal de la pintada como una "asociación ilícita" (art. 210 Código Penal) con penas de prisión o reclusión de entre tres y diez años y ordena la formulación de la denuncia penal respectiva.

La cosa no quedó ni archivada, ni rechazada, por el contrario, el Juez de Instrucción Villarrodona, aceptó la demanda del poder municipal y resolvió procesar a los tres jóvenes.

Este hecho -con la intervención directa de un intendente y de la justicia entrerriana- no puede dejar de leerse en relación al contexto en el cual la impunidad sigue siendo moneda corriente en la manera de pensar y de actuar en segmentos del poder político, judicial, económico y militar. Sucede cuando ocurre el asesinato de Carlos Fuentealba, la desaparición de Julio López y la recientemente sancionada ley "antiterrorista" que servirá como arma legal para criminalizar las protestas sociales.

Por este motivo, haciendo suyo el sentimiento de la comunidad de Oro Verde, la CTA de Paraná y de Entre Ríos, la Asociación de Trabajadores Judiciales (filial de la FJA) y un centenar de organizaciones de derechos humanos, sociales y culturales de la provincia hicieron pública su solidaridad con los tres jóvenes "pintatanques" y el más enérgico rechazo a la actitud del Municipio así como al procesamiento dictado por el Juez de Instrucción que entiende en la causa.

En un documento, los firmantes exigieron que el procesamiento debe ser rápidamente revocado atendiendo a un elemental sentido de justicia y sentido común.