El documento lleva la firma del titular del gremio a nivel nacional y adjunto de la CTA, Pablo Micheli; del secretario general de la seccional porteña, Leopoldo González, y de Matías Cremonte, director del Departamento Jurídico de la ATE. “El llamado a institucionalizar la política económica mediante un Pacto Social no implica la creación de un ámbito participativo de discusión social que garantice salarios dignos, sino la ratificación de una economía basada en salarios mínimos en la línea de pobreza (alrededor de 1.000 pesos), políticas que finalmente suponen techos y topes a la negociación colectiva, la vigencia del sistema financiero e impositivo establecido desde 1976 a la fecha y la política del `derrame`”, comienza diciendo el escrito.

Los representantes estatales indicaron que “se intenta generalizar e institucionalizar así la metodología que se nos aplica a los trabajadores del Estado, al anunciar los aumentos salariales con “techos” vulnerando el derecho a la negociación colectiva libre”. Por ello, la ATE ratificó su exigencia de un salario mínimo para todos los trabajadores de acuerdo a su definición legal y garantía constitucional: “el salario debe garantizar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestimenta, asistencia sanitaria, esparcimiento, transporte, vacaciones y previsión (art. 116 LCT y 14 bis CN), para lo cual actualmente se necesitan 2.513 pesos”, según indican.

Por último, alertaron al conjunto de los trabajadores que “no existe voluntad de acuerdo tras el Pacto Social: la experiencia de los trabajadores del Estado indica que no hay negociación ni discusión alguna, sino imposiciones” y exigieron nuevamente que se garantice la plena vigencia del art. 14 bis de la Constitución Nacional y el derecho a salarios dignos y a paritarias libres.