
Mediante la Ley Antiterrorista, se pena por el hecho que va a cometerse y no por el hecho cometido.
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* Secretaria de Derechos Humanos de la CTA Buenos Aires. |
En el actual contexto, donde tenemos por un lado a sectores que comenzaron a manifestarse a favor del uso de las Fuerzas Armadas y de seguridad basándose en la falta de idoneidad del sistema legal argentino para enfrentar las llamadas “nuevas amenazas”; y por el otro, a un pueblo que aún hoy tiene heridas abiertas de la etapa más nefasta de los últimos tiempos de nuestro país, que padece una justicia lenta, que tiene procesados a miles de sus luchadores populares por pedir trabajo, salud, vivienda y que soporta crímenes impunes, repudiamos el contenido de la Ley Antiterrorista.
La norma sancionada por el Congreso Nacional habla de “terrorismo doméstico...”, de “dotar a las autoridades con herramientas y facultades de carácter excepcional para ser aplicadas en la lucha contra el terrorismo” y que trata a los infractores, no como ciudadanos, sino como enemigos, como meras fuentes de peligro que deben ser neutralizadas del modo que sea, cueste lo que cueste.
Mediante esta ley, se pena por el hecho que va a cometerse y no por el hecho cometido, incriminándose conductas de contenido simbólico; a través de ella se logra que “el Estado no hable con sus ciudadanos, sino que amenace a sus enemigos”.
Cabe recordar que el marco legal vigente, permite prevenir e investigar hechos delictivos relacionados al terrorismo y sancionar a sus responsables, por lo tanto no era necesario sancionar una ley que legisle “facultades de carácter excepcional”, que habilite la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior “frente a un caso de emergencia terrorista” y que pretenda “disuadir avances contra los intereses vitales de la Nación”.
¿Quién determinará cuales son los objetivos “de cualquier otra índole, que transforman un acto de protesta o tal vez de violencia en un acto de terrorismo? ¿Cómo se evitará que los jueces hagan interpretaciones arbitrarias?
Somos contrarios a esta ley y seguiremos construyendo, junto a los sectores populares, una sociedad donde los canales de democratización y participación colectiva puedan profundizarse y asegurar un presente y un futuro donde haya plena justicia y libertad para todos.
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