Luego del abandono de la seguridad social reconocida por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en virtud de la sanción de las leyes 24.241 y 24.463, se hace imprescindible una reforma previsional que restablezca en su plenitud los derechos de los trabajadores y los jubilados, definiendo con claridad el rol del Estado, respetando la participación de los interesados en la administración de los sistemas, la autonomía económica y financiera y la movilidad de las jubilaciones y pensiones.

La reforma previsional implementada por la ley 26.222 mantiene el denominado sistema mixto de jubilaciones y pensiones, pero abre, simultáneamente, la posibilidad de discutir un nuevo sistema jubilatorio, que cumpla con los objetivos de adecuación constitucional enunciados en los considerandos del proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional.

Se trata de una reforma parcial, del llamado Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (Régimen Previsional Público y Régimen de Capitalización), que corrige falencias de la “privatización de la seguridad social”, llevada, adelante, durante la hegemonía mundial de las políticas neoliberales, que tuvo su respaldo en el denominado Consenso de Washington, contó con el impulso del Banco Mundial, y en nuestro país de los empresarios y la aceptación de la CGT, en la década de los noventa del siglo pasado, pero que, en definitiva, se limita a consolidar esa reforma estructural, intentando mejorar su funcionamiento.
A nuestro juicio la norma constitucional no admite la administración privada, con fines comerciales, de la seguridad social. El texto constitucional impone como modalidad predominante, el seguro social obligatorio, figura que descarta el seguro comercial, con fines de lucro, tal como es organizado por la ley 24.241.

Falta mucho, pero estamos ante una oportunidad. El éxito en el traspaso masivo de los trabajadores al régimen previsional público implicará un verdadero referéndum en su favor y nos permitirá colocar en la agenda de los gobiernos el restablecimiento de los derechos a la seguridad social.