
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA) señaló hoy el convenio firmado entre el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Gobierno provincial sobre los nuevos programas para quienes trabajan en la administración pública con formas precarias de contratación “a pesar del reconocimiento expreso por parte del Estado de tal situación de precariedad laboral, no hay intención de blanquear y regularizar esta situación laboral”, por el contrario los mantiene “en condiciones de explotación y casi esclavitud”.
Para el gremio “la propuesta de ir incorporando primero a quienes tengan más de cinco años de antigüedad, y que sea en etapas a través de supuestos programas de `capacitación’, se trata de un nuevo fraude laboral”.
Lo que se dispone es que tengan que ir cumpliendo “etapas” de un año para pasar de un plan a otro, para que luego de cuatro años, como mínimo, puedan aspirar a ingresar dentro de la Planta Permanente, creando así un nuevo mecanismo de ingreso a la Administración Pública, contrario a la legislación vigente. “En definitiva, hay que trabajar muchos años gratis o casi gratis para aspirar a tener un cargo, es un intento de institucionalización de la precariedad laboral”, acota.
“Lo mas grave es que todos esos años de espera, los tendrán que pasar trabajando en el cargo que luego, posiblemente, ocuparán. Con esta medida profundizan la desigualdad, ya que lo único distinto en la situación de un trabajador de Planta con uno de los Planes, es la remuneración, la seguridad social, y los derechos laborales, ya que las obligaciones son las mismos”, denuncia ATE.
En definitiva, señala el gremio adherido a la CTA, el Poder Ejecutivo “intenta que quienes hoy trabajan y cobran 150 pesos, acepten esperar cuatro años como mínimo, sumados a los años que ya llevan trabajando, para que se les reconozca ese derecho. Pero entre tanto, deberán seguir cumpliendo funciones y capacitándose, en el mejor de los casos por 120 y en la mayoría de los casos, por nada”.
Por todo ello la ATE rechaza esta iniciativa y aclara que “el blanqueo debe ser para todos quienes trabajan en negro dentro del estado, y que debe ser equiparando a los compañeros en lo salarial y derechos laborales, de la misma manera que se les exigen las obligaciones laborales”.
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