El nuevo elevador, que demandó una erogación de 40.000 pesos, está en etapa de fabricación en manos de una empresa tucumana. La causa se inició en 2004 y hasta el momento sólo dos veces se encontraron restos humanos enterrados en el pozo. Racedo también inspeccionó el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Los trabajos de excavación en busca de restos humanos que habrían sido arrojados durante la última dictadura militar seguirán suspendidos en el Pozo de Vargas. En el marco de una inspección ocular, el juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, confirmó a primerafuente, único medio presente en el lugar, que aún restan obras complementarias (hubo desmoronamientos en el pozo por razones climáticas) y la instalación de un nuevo ascensor para la reanudación de las excavaciones en el pozo. Acompañado de su secretario Horacio Arguello, la abogada querellante de la causa, Laura Figueroa, y representantes del Grupo Interdisciplinario de Arqueólogos y Antropólogos de Tucumán (Giatt), el magistrado estuvo ayer en el predio ubicado en la avenida Francisco de Aguirre al 4.000 para interiorizarse sobre la situación del Pozo de Vargas, uno de los símbolos de una de las etapas más oscuras de la historia argentina.

“Los peritos informaron que la parte estructural del pozo está en perfectas condiciones. Hay desmoronamiento en la parte más periférica del pozo. Y por este motivo se necesitan obras complementarias que son de secundaria relevancia en cuanto al objetivo más urgente, que es la instalación del elevador”, explicó Racedo a primerafuente, sin que se sepa hasta el momento el plazo que demandará la puesta en condiciones del pozo, ya que dicho elevador está en etapa de fabricación en manos de una empresa tucumana. El magistrado aclaró que las tareas de excavación no podían seguir con el viejo elevador, que presentaba condiciones de precariedad estructural. “Si pretendemos seguir profundizando con las perforaciones necesitamos elementos más sólidos”, acotó.

Por este motivo, Racedo adelantó que hoy tendrá una audiencia con representantes de la empresa que está dedicada a la fabricación del ascensor (demanda una erogación de unos 40.000 pesos) y con el ingeniero que actúa como asesor técnico y que fue proporcionado por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). “Vamos a evaluar el estado de construcción del elevador (diseñado específicamente para el pozo), la marcha de los trabajos y el cronograma eventual para su puesta en funcionamiento”, explicó.

Hasta el momento las excavaciones en el pozo, que tendría unos 80 metros bajo tierra, llegaron a unos 25 metros de profundidad. La causa se inició en 2004 a raíz de una denuncia del dirigente justicialista Enrique Romero y estuvo en sus inicios en manos del destituido juez Felipe Terán, quien en 2005 confirmó el hallazgo de los primeros restos humanos que presuntamente pertenecerían a tucumanos desaparecidos durante los años negros del 70. El segundo hallazgo se produjo el 9 de junio del año pasado, ya bajo la supervisión del juez Racedo.

Junto a Antonio Domingo Bussi, en esta causa también están involucrados los militares retirados Luciano Benjamín Menéndez , Albino Mario Alberto Zimmerman, Félix Arturo González Naya, Antonio Arrechea y el ex policía provincial Roberto “El Tuerto” Heriberto Albornoz.

A diferencia de lo que ocurría hace meses atrás, las obras de construcción de las viviendas de Lomas de Tafí rompieron el silencio que rodeaban al Pozo de Vargas, que antes sólo tenía como vecinos cañaverales, viviendas rancho y animales. El complejo habitacional tiene su límite suroeste frente al predio que está bajo la custodia de la Justicia Federal.

Informe: Primerafuente, portal de noticias de la Asociación de Prensa de Tucumán (APT-CTA)