Al momento de levantar la carpa, luego de 1003 días de ayuno, el logro político más importante fue el FONID que significó que el Estado Nacional volviera a hacerse cargo de un tramo del financiamiento educativo a través de los salarios docentes de todo el país. La pelea de CTERA continuó a nivel nacional y en cada provincia.

Luego de estos 10 años de lucha y de haber construido la correlación de fuerzas necesaria y una amplia política de alianza, ambos objetivos han sido logrados. Hemos logrado la derogación de la Ley Federal de Educación y la aprobación de una nueva ley, en la cual están contenidas gran parte de las construcciones colectivas que en términos de propuesta alternativa a la Ley Federal había desarrollado la CTERA en sus congresos provinciales y nacionales. Esta propuesta la pusimos luego en debate con otras organizaciones, produciendo un documento que se entregó al ministerio de Educación de la Nación. Hoy podemos decir que prácticamente el 80% de esas propuestas aprobadas colectivamente fueron incorporadas a la nueva ley. Nueva ley que para nosotros es un programa de lucha, que va a requerir más organización, más fuerza para lograr que se adecuen las leyes de todo el país y que además lo que la ley plantea se haga realidad en términos de derechos efectivos.

Otro gran paso es haber conseguido una Ley de Financiamiento educativo en el año 2005. Una ley que si bien no contiene exactamente lo que nosotros reclamábamos, porque habíamos planteado que el Estado Nacional aportara un porcentaje mayor de recursos de los que ahora aporta, sin embargo, cualitativamente, significa haber quebrado un núcleo duro de las políticas neoliberales en términos de financiamiento que con la Ley de Transferencia de los servicios educativos (Cavallo 1991) logró que el Estado Nacional dejara de financiar absolutamente la educación.

Ahora el Estado Nacional debe invertir recursos en educación y lo hace a través de un mecanismo muy claro, que es el de la coparticipación puesta en términos específicos para la educación, pero además con un fondo de compensación de desigualdades salariales para las provincias más pobres o con mayores problemas financieros. Esto ha determinado que en los últimos años, diez provincias, (sobre todo NEA y NOA) hayan prácticamente podido triplicar sus salarios, luchando y consiguiendo mejoramientos significativos, aunque todavía insuficientes, de los salarios básicos. Como parte de la ley de financiamiento, hemos obtenido recientemente una reglamentación de su articulo 10 que establece un ámbito de negociación colectiva; en la práctica es una ley de paritarias. Es un ámbito en el que van a estar representadas las organizaciones con personería nacional, en el cual vamos a discutir salario y condiciones de trabajo y que va a generar pisos de consenso nacional debajo de los cuales no va a poder estar ninguna provincia. Sólo ocho provincias tienen ley de paritarias y están funcionado, mientras que la mayoría de las jurisdicciones no tienen posibilidad de negociación colectiva.

La nueva Ley de Educación dice claramente que es un derecho de los trabajadores la negociación colectiva tanto provincial como nacional. Tener esta instancia va a facilitar enormemente la discusión en aquellas provincias, que por sus características, su legislación y las distintas correlaciones de fuerzas que se dan, todavía no han podido lograr ámbitos de discusión paritaria. Como herramienta es un avance muy significativo; de lo que se trata ahora es de llenar de contenido esa herramienta. Por supuesto cuando nosotros hablamos de negociación colectiva siempre estamos hablando de que hemos construido una correlación de fuerzas como para lograr que esa negociación tenga un saldo favorable para los trabajadores. Si así no fuera nos retiraríamos de ella y continuaríamos con las medidas de acción que fueran necesarias. Pero nos parece que haber alcanzado tanto este ámbito como una nueva Ley de Educación donde se cambió la caracterización de la educación -que para la Ley Federal era un derecho individual y el Estado tenia un papel subsidiario, y para esta nueva ley es un derecho social y el Estado tiene un papel indelegable en garantizar su financiamiento y que todos accedan a ella- es un avance muy importante y que empieza a quebrar, ya de forma definitiva las políticas neoliberales de la educación implementadas durante los 90’.

Ahora CTERA está impulsando fuertemente el debate de las nuevas leyes provinciales en todo el país. Precisamente acabamos de volver de Santa Fe, donde hubo un intento del gobierno provincial de avanzar con una ley que contradecía el espíritu de la Ley Nacional y con una acción muy rápida y decidida de denuncia por parte de AMSAFE y de CTERA esto creemos que ha sido dejado atrás. Vamos a ponernos a discutir en un corto plazo en el marco de la reglamentación del artículo 10 de la Ley de Financiamiento, salario y condiciones de trabajo en todo el país para que existan acuerdos marcos, que sean los pisos debajo de los cuales no puede estar ninguna provincia. Ya estamos integrando los nuevos órganos colegiados consultivos que establece la Ley Nacional de Educación con participación gremial y ahí es donde vamos a llevar todas nuestras propuestas en relación a la reunificación de la escuela secundaria, la organización de su trabajo, las nuevas carreras docentes con un piso de cuatro años, la formación permanente en servicio; es decir: todas aquellas cuestiones que nosotros recuperamos como positivas de la Ley Nacional y que ahora necesitan todo un proceso de implementación, que sabemos que va a ser gradual, indudablemente, pero que tiene que empezar ya, y tiene que empezar incluyendo la voz de los trabajadores en esas definiciones.