Con una exposición brillante y precisa, no exenta de fuertes definiciones políticas, Raúl Eugenio Zaffaroni, vocal de la Corte Suprema de Justicia, expuso durante 30 minutos en el 5º Congreso de Trabajadores de Prensa. Penalista de dilatada trayectoria, reconocido a nivel internacional y uno de los mejores académicos del país, Zaffaroni hizo gala de una oratoria exquisita para plasmar la realidad de las instituciones en la Argentina.

Comenzó la charla explicando que la tendencia de pedir mano dura y un aumento en las penas, es un fenómeno mundial heredado de la globalización. “Dejando de lado la coyuntura folklórica, y alarmante de la Argentina, la globalización no trajo consecuencias positivas. La polarización de la riqueza es propio del neoliberalismo, que se acentuó a partir de la década del 90 y hundió a la clase media”, expresó ante un auditorio atento que aprovechó la oportunidad para iniciar un amable intercambio de ideas.

Según su análisis los niveles de violencia se dispararon por el aumento de los excluidos del sistema, que fijó en una preocupante tasa del 70 por ciento, la mayoría de ellos en las barriadas pobres del Gran Buenos Aires que florecieron como hongos.

¿Por qué se acrecienta la violencia familiar? Se preguntó en un momento, y dijo que hubo un cambio en los roles sociales y que la cultura industrial actual fomenta la violencia social, que se encuentra más acotada en los ámbitos rurales.

Al menos hay algo que los excluidos tienen de sobra y a los incluidos les falta: tiempo. “A la larga ese tiempo se va a organizar, desconozco de qué manera, pero nadie de va a quedar en la villa fumando marihuana esperando que la policía vaya a matarlos. No se suicida el 70 por ciento de la población, jamás fue así”, alertó

Argumentó que el método de control de la exclusión es perverso, al no poder realizarse mediante cosacos al servicio del zar, simplemente porque ya no hay cosacos ni zar como a muchos les gustaría.

“Consiste en dejar que los pobres se maten entre ellos en los sectores criminalizados. La clase media se encierra en barrios privados similares a ghettos y San Pablo es un buen ejemplo de ellos, con un centro urbano comercial y financiero que a la noche queda vacío, cuando lo toman los excluidos para volverlo a desocupar por la mañana. Mientras tanto, por autopistas y calles sin esquinas para evitar los robos, los incluidos se dirigen a sus casas en la periferia”.

Luego disparó una frase dura: “El fenómeno de exclusión es nuevo, el excluido parece sentenciado a la desaparición, vamos camino a un genocidio. El actual sistema no tolera que ingresen todos los que se quedaron afuera, porque explota”.

Zaffaroni se mostró especialmente crítico de quienes piden mayores facultades para la policía. “Es un proceso que se denomina ‘autonomización’, pero a mayor arbitrariedad policial, mayor corrupción, que siempre termina beneficiando a los de arriba en una pirámide invertida, y todos sabemos a dónde va ese dinero, a financiar las campañas políticas ya sean internas o generales. De esta manera, todo comienza a podrirse”, diagnosticó.

Admitió que es poco lo que puede hacerse desde el Poder Judicial para frenar el deterioro social, porque se trata esencialmente de un problema político, y los jueces no están para decir qué política se debe aplicar.

“Nosotros no podemos decir ‘haga tal política, pero si podemos decir qué no puede dejar de hacer alguna política, y en ese sentido están los ejemplos de los fallos sobre los jubilados o la contaminación en el Riachuelo”, ejemplificó. “De otra manera, los derechos sociales serían simplemente derechos declamatorios, los derechos sociales necesitan una acción política”, finalizó la idea.

Judicialización de la protesta y derechos sociales

Zaffaroni admitió que existen intentos de judicializar la protesta, pero que hay pocos fallos. “La interrupción de una vía de comunicación es, cuando mucho, una contravención. Además, el gobierno negocia con quienes protestan de esa manera, entonces cómo se puede decir que hay un delito que pone en peligro un bien judiciable. La protesta social es un problema político”, graficó.

En otro momento, no dudó en tildar de “disparate” a la llamada Ley Antiterrorista. “Se aprobó por la presión de organismos internacionales donde trabajan algunos asesores chantas que deben trabajar de algo, pero de ninguna manera se trata de una conjura internacional como muchos quieren ver”, explicó.

Por último, se excusó de abrir juicio sobre la suspensión del juez federal Guillermo Tiscornia, y apenas dijo que su caso estaba en tratamiento en el Consejo de la Magistratura desde hace tiempo.

Fuente: Pirmerafuente, portal de la Asociación de Trabajadores de Prensa de Tucumán (ATP-CTA).