La ofensiva de las organizaciones sociales apuntará a difundir la realidad sanitaria en el país aprovechando la Conferencia Internacional de Salud para el Desarrollo, Derechos, Hechos y Realidades", que delibera del 13 al 17 de este mes en la capital argentina. Este encuentro reune a 250 invitados especiales encabezados por las directoras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la china Margaret Chan, y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la argentina Mirta Roses. La conferencia propone hacer un balance de las metas consensuadas durante la reunión de la OMS de 1978 en Alma Ata-Kazajastán, ex república soviética.

“Hace 30 años los gobiernos se comprometieron a alcanzar la meta de Salud para todos en el 2000. Eso no ha ocurrido. En la Argentina, siete años después, miles de niños siguen muriendo de causas evitables y casi la mitad padece anemia infantil”, denunció la Mesa Nacional de Salud, Seguridad Social y Medio Ambiente de la CTA. “El sistema de salud pública tanto en la atención primaria como en el sistema hospitalario, está en colapso y los presupuestos públicos apenas alcanzan al 20% del total del gasto para el sector”.

A renglón seguido informó que “la mitad de los niños fallecidos por la epidemia de bronqueolitis murieron antes de llegar al hospital o a la unidad sanitaria. Ello tiene su origen en la pobreza”. Y agregó que “tras cinco años de crecimiento ningún avance signitificativo se ha producido en la distribución de la riqueza”.

Acerca de la política oficial en la materia, la Mesa subrayó que “El ministro de Salud, Ginés González García y sus equipos diseñaron una política de tercerización y privatización que hoy tiene su avanzada en Salta”. Por eso la Central apoya las movilizaciones que se realizarán el próximo jueves a las 11 en Salta (frente al Hospital de Niños en la capital provincial) y en la ciudad de Buenos Aires (frente a la Cancillería en el microcentro porteño).

Las puertitas del gobernador Romero

En el marco de La central obrera reveló que el mandatario de Salta, Juan Carlos Romero, se adjudicó “en una licitación pública hecha entre gallos y medias noches el gerenciamiento y la administración del nuevo Hospital del Milagro, de la unidad pediátrica que se creará y de los 23 centros de salud de la zona noroeste de la provincia, lo que provocó el desmantelamiento del Hospital de Niños Niño Jesús de Praga”.

La Mesa Nacional de Salud afirmó que “no es la primera vez que pasa en la provincia: el Hospital del Milagro ya fue concesionado a una empresa española cuyo principal directivo fue acusado de manejo corrupto en su país”; aseveró que la intención de Romero es “avanzar en la transferencia de los fondos públicos destinados a la salud del pueblo de la provincia hacia una nueva empresa a la que se le otorgará 60 millones de pesos por año para que supuestamente brinde servicios de salud a una población estimada en 142.146 personas por un sistema de `capitación’; es decir, un monto fijo por persona, utilice o no el servicio. Si la empresa considerara insuficiente dicha suma, el contrato habilita su aumento o la cancelación del mismo”; y subrayó que de acuerdo al texto de la licitación “la empresa cobrará legalmente el 8% anual por sus servicios, durante el período de 10 años y con opción a otros 10 más”.

La Mesa de Salud de la Central explicó que esto generará muchos perjuicios a la población, ya que “una empresa se quedará con el dinero de su salud en lugar de ser invertido en el hospital y centros de salud públicos; no se establecen los servicios de salud a los que tendrá acceso la población; si no tiene el carnet, o lo perdió, o se mudó de barrio no se podrá atender o tendrá que pagar; y aumenta la discriminación, favorece la idea de una salud para ricos y otra para pobres, y lo aleja de una salud universal”.

Asimismo se advirtió que este sistema impulsado por el gobernador Romero “avanza en la destrucción del sistema de salud público, universal, gratuito, eficiente y de calidad para toda la población; hipoteca la salud de la gente por 10 o 20 años; coarta las posibilidades de ascenso por concurso del personal de la salud; la concesionaria decide sobre la eficiencia, motivación y distribución del personal y puede pedir aplicación de medidas disciplinarias al ministerio de salud; avanza en la destrucción de las carreras sanitarias; y pretende romper la unidad de lucha de los trabajadores al establecer pagos por productividad y cumplimiento”.

Desde este espacio de la CTA también se indicó que la aplicación de este plan “es parte del Plan Federal promovido por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y que fue denunciado reiteradamente por nuestra organización, ya que posibilita la transferencia de los presupuestos del Estado para el enriquecimiento de los grupos económicos en lugar de fortalecer el sistema público de salud, recuperando el rol del Estado en la defensa del la salud del pueblo”.

Por último, se manifestó que esta política “destruye los principios sanitarios llevados adelante por Ramón Carrillo”.