Este mediodía, a partir de las 13.30, los trabajadores judiciales se reunirán frente al Ministerio de Justicia de la Nación, con la presencia de delegaciones de todo el país. Reclamarán “la democratización de la relación laboral en los Poderes Judiciales mediante una ley que garantice la elaboración en paritarias del Convenio Colectivo de Trabajo del sector, que incluya la distribución equitativa del ingreso, cumpla el principio constitucional de "igual tarea, igual remuneración", restituya la porcentualidad salarial con enganche nacional y la plena vigencia del 82% móvil para los jubilados”.

Según explicaron ayer Jorge Izquierdo y Víctor Mendibil, titulares de la FJA, “el paro nacional pretende reflejar los conflictos del sector por la ausencia de la normativa que se reclama”. Y detallaron las acciones que los trabajadores de la Justicia realizan en distintas provincias del país: en Santa Cruz, cumplen un paro de cuatro días desde el 14 de agosto; en Corrientes hace dos meses que se desarrollan asambleas y paralización de tareas. Mientras tanto, en Entre Ríos los judiciales realizaron paros por 24 horas y en La Rioja están en conflicto desde principios de año porque el Ejecutivo provincial viola la Constitución negándose a aplicar una ley que significa mejoras salariales. También en Misiones luchan por incorporar al sueldo un 80 % pagado "en negro" y en la provincia de Buenos Aires se movilizan contra la oposición de la Corte provincial a discutir en paritaria la normativa propia del Convenio Colectivo como las condiciones de trabajo y salariales.

¿Por qué paramos?

A través de un comunicado de prensa, los dirigentes de la FJA explicaron las razones de la medida. “A los trabajadores del Poder Judicial se nos niega el derecho a una paritaria nacional para lograr nuestro Convenio Colectivo de Trabajo. Reclamamos, por lo tanto, una ley que garantice este derecho y todas nuestras justas reivindicaciones, que en algunas provincias son compartidas por las Asociaciones de Magistrados”, indicaron en su primer punto.

Además, explican que “Dentro del Poder Judicial, que debería velar por la aplicación irrestricta de las normas legales y constitucionales, hay provincias donde siguen pagando sumas no remunerativas, lo que comúnmente llamamos "pagos en negro", afectando los derechos de los trabajadores no sólo a un salario digno sino también a una jubilación acorde al trabajo desarrollado; a la vez que reducen drásticamente la posibilidad de financiamiento de las cajas de previsión y las obras sociales”.

También denuncian que “por igual tarea percibimos salarios muy dispares en todo el país, no acordes con la responsabilidad del trabajo que realizamos y en muchos casos por debajo de lo necesario para satisfacer las necesidades básicas”. Y recordaron que “continúan vigentes en la mayoría de las provincias, disposiciones nefastas del credo neoliberal impuesto durante el menemismo, como la suspensión en 1989 de la "porcentualidad salarial con enganche nacional", que es una conquista histórica de los trabajadores lograda en el año 1975 - conculcado por la dictadura en el ’76 y recuperada en democracia en 1983-, por la cual se asignan proporcionalmente los salarios de todos los trabajadores de la Justicia en relación a la máxima remuneración de los magistrados y respeta el principio de igual tarea, igual salario”.

Acerca del reclamo por la vigencia del 82% móvil para los jubilados, los judiciales informaron que “hay provincias donde más del 30% del personal incluyendo a funcionarios y magistrados, está en condiciones de jubilarse y no lo hacen porque, con salarios "en negro" y sin el 82% móvil, recibirían una jubilación con la cual sería imposible sobrevivir”.

Finalmente, y entre otros reclamos, reclamaron que “es necesario que la Nación refuerce los presupuestos cada vez más exiguos que los Estados provinciales destinan al Poder Judicial. Mientras los expedientes se multiplican a consecuencia de la crisis social y económica, y ante el clamor de la sociedad por justicia, el plantel de trabajadores judiciales no aumentó proporcionalmente; muchas veces debemos trabajar en edificios viejos, obsoletos y carentes de elementales condiciones de salubridad y creció de manera alarmante el caso de trabajadores bajo atención médica o psicológica por estrés y exceso de tareas”.

Un párrafo aparte merece la denuncia por la implementación de una reforma judicial. “En lugar de elevar presupuestos y cubrir cupos faltantes de personal y de organismos que hagan posible la justicia que el pueblo reclama, se insiste en aplicar una "reforma judicial" que significará más flexibilización, más rapidez en condenar a los más pobres; más impunidad o "seguridad jurídica" para aquellos delincuentes de guante blanco, para la politiquería corrupta y los empresarios que han vaciado al país. La reforma del sistema judicial debe hacerse -previa consulta con todas las organizaciones afines, de trabajadores, los movimientos sociales y de derechos humanos- para democratizarlo”.