
La jornada del martes fue de protesta de los trabajadores legislativos. También en la Cámara de Diputados se quemaron gomas y los compañeros salieron a la calle a reclamar lo que les corresponde.
Guillermo Ortega, miembro de la junta provisional a cargo de Asociación del Personal Legislativo (APL) denuncio junto a Estela Figueredo, que el gremio reclama un inmediato aumento salarial de 500 pesos para todas las categorías, un básico de 1.200 pesos, el descongelamiento de la antigüedad y la equiparación de las asignaciones familiares a los montos nacionales, entre otros.
Los trabajadores legislativos decidieron sacar el conflicto fuera del recinto, luego que la asamblea decidiera iniciar medidas de acción directa para forzar a la patronal a discutir los temas que interesan a los compañeros.
La jornada del martes se inició muy temprano cuando se bloquearon los accesos de ingreso a la Legislatura y se extendió hasta después de mediodía.
Cerca de media mañana ingresaron Figueredo y Ortega en representación de los trabajadores a los efectos de iniciar las negociaciones con las autoridades de la Cámara, lo cual no tuvo resultados favorables a los requerimientos.
Estuvieron reunidos con el diputado Timoteo Llera, los secretarios Cecilia Catherine Britto y Daniel Cáceres y el prosecretario Miguel Benito Onetto y luego de presentar la propuesta se les informó que el tema salarial no era un tema a discutir en esa instancia y que lo único factible de admitir es el tratamiento del descongelamiento por antigüedad (a tratarse en sesión del 13 de agosto puesto hasta esa fecha, la Cámara está en receso).
Al momento de notificar esto a la asamblea reunida frente a la Legislatura llegó el comunicado de la Subsecretaría de Trabajo donde se dicó la conciliación obligatoria con audiencia para hoy jueves, a fin de acercar las partes en conflicto, lo cual fue acatado por la asamblea.
Cabe destacar que el básico inicial es de 88 pesos y por ello los compañeros. “Pedimos 500 pesos de suma fija, para todas las categorías, por lo mal que la está pasando el empleado legislativo, situación que recae en todos los empleados públicos por la inflación”, explicó Estela Figueredo.
El martes por primera vez, luego de muchos años, los trabajadores del Ministerio del Agro y la Producción agremiados en ATE pararon sus actividades. Reclamaron junto con los productores apostados en la Plaza 9 de julio hace más de 60 días, Personal del Registro de las Personas delegados de otras reparticiones adentro y afuera del organismo, cortando la avenida Centenario.
Después varios meses de esperar que el Ministro Alex Ziegler, cumpliera su palabra de recategorizar al personal, la paciencia se acabó y prácticamente la totalidad de los compañeros y compañeras ganaron la calle con banderas quema de gomas, tractores y carteles para reclamar un básico de 1.040 pesos, descongelamiento de la antigüedad, recategorización del personal y la creación de un adicional remunerativo y bonificable a través del cual se distribuya entre empleados y contratados el 35 % de la recaudación del Fondo del Agro y la Producción; de igual modo que convinieran los trabajadores del Ministerio de Ecología.
Los compañeros plantearon “endurecer la protesta si no hay respuestas y sostienen que no se dejara entrar a nadie al Ministerio y cortaran la calle por tiempo indefinido si fuera necesario”, indicó Miguel Angel Cardozo, delegado.
Denunciaron que el 70 % de los trabajadores del Agro no supera la categoría 18, donde el básico no llega a 230 pesos, el básico inicial es de 168 pesos para la categoría 12, " no podemos acceder a la jubilación con estos sueldos y nos pone al conjunto de los trabajadores en un estado de necesidad y privación económica que ya no podemos sobrellevar”, manifestaron.
El paro de 72 horas convocado por ATE-CTA en los hospitales, en el Registro Provincial de las Personas, en el Ministerio de Bienestar Social, en el Consejo General de Educación (CGE), en la Dirección de Minería, en la Dirección de Industria y Turismo y en otras reparticiones se cumplió con un altísimo grado de acatamiento que rondó el 95 % y además, compromete a otros sectores que comenzaron a movilizarse, a declararse en estado de alerta y reunirse en asambleas para definir los pasos a seguir.
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