El premio Nóbel de la Paz y presidente del Servicio de Paz y Justicia, Adolfo Pérez Esquivel, envió una carta al Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA) manifestando su solidaridad con los dirigentes imputados penalmente por la Justicia provincial y con pedido de exclusión de tutela sindical por parte de la empresa periodística La Voz del Interior.

La misiva, firmada también por la representante cordobesa del Serpaj, doctora María Elba Martínez, destaca que "no es extraño ni particular este hecho de imputar a aquellos que ejercen la resistencia civil a leyes y situaciones injustas por medio de la no violencia previstos en nuestro ordenamiento legal.

En las últimas décadas hemos presenciado esta situación con perplejidad y profunda preocupación, ya que significa que nuevamente se está utilizando la persecución, hoy en forma más sutil, para acallar los reclamos sociales. También es una forma de judicializar los conflictos que deben ser resueltos, primero por las empresas contratantes y en su defecto por la estructura política y no por el Poder Judicial. Esto implica una denegatoria de justicia política y social".

Finalmente, manifiesta su "total apoyo y reclamo a las autoridades políticas a fin de que sean ellas las que por los órganos adecuados resuelvan y ordenen resolver a las empresas los conflictos laborales".

Charla en el Cabildo

Ante un colmado salón de conciertos del Cabildo Histórico, se llevó a cabo la charla-debate sobre "Judicialización de la protesta social", en la que participaron el abogado Miguel Rodríguez Villafañe, especialista enDerecho de la Comunicación, el periodista Alexis Oliva, secretario de Prensa del Cispren y de la CTA Córdoba Capital, y el abogado laboralista Eugenio Biafore, asesor letrado del Cispren, ATE y la CTA.

En líneas generales, los panelistas coincidieron en la preeminencia de los derechos sociales y la libre expresión, sobre todo cuando quienes ejercen un reclamo no tienen alternativas para manifestarse.

Asimismo, se discutió la necesidad de revisar figuras como la prevista en el artículo 194 del Código Penal y la de calumnias e injurias que respectivamente suelen aplicarse en protestas gremiales y sociales callejeros y al periodismo independiente.