
Decíamos en marzo de 2007: “El último conflicto docente en la provincia de Buenos Aires nos dejó varias enseñanzas y un gremio absolutamente fortalecido. Sin duda es un conflicto en el cual los trabajadores de la Educación hemos podido avanzar".
![]() * Secretario general del Suteba y Adjunto de la CTA Buenos Aires. |
"No era fácil por el contexto en que se desarrollaba, el déficit que registra la provincia de Buenos Aires, la tensión con la nación por los fondos de coparticipación federal, y un esquema político institucional en la provincia por lo menos debilitado luego de la renuncia del gobernador a la posibilidad de una nueva reelección."
En este contexto los trabajadores de la educación dimos batalla por nuestro salario. Primero dándonos una estrategia acertada para que se sancionara la primera ley de Paritaria Docente y luego decidiendo y ejecutando un plan de acción fuerte y sostenido ante la negativa del gobierno provincial de dar cumplimiento al compromiso asumido en marzo del año pasado de continuar discutiendo salarios, fundamentalmente en lo que se refiere a la mejora del básico. Fue por esta razón que llevamos adelante 7 paros con un nivel de acatamiento prácticamente total y ante la falta de respuestas decidimos en diciembre no iniciar el ciclo lectivo 2007 en caso que no obtuviéramos una respuesta a nuestras demandas. No es menor señalar que este plan de acción se desarrolló en una fuerte confrontación con el gobierno provincial, descuentos por medio, que luego fuimos capaces de revertir con una estrategia judicial correcta.
En ese marco discutimos públicamente con las autoridades, presentando nuestras demandas de cara a la sociedad, defendiendo lo justo del reclamo, desandando la línea argumental del gobierno de hacernos quedar como intolerantes en un caso o que los docentes éramos masa de maniobra de internas políticas gremiales, intentando con estas afirmaciones, deslegitimarnos. No pudieron, en primer lugar por la firmeza y la contundencia de las medidas de fuerza que fue una expresión indubitable del grado de cohesión que hoy se registra en términos de unidad al interior del colectivo docente, en segundo lugar porque el SUTEBA accionó fuertemente con el Frente Gremial, para consolidar el mayor grado de unidad posible entre las organizaciones gremiales docentes de la provincia.
De esta manera llegamos a la discusión paritaria, absolutamente fortalecidos pero en un contexto de dificultades objetivas. La provincia registraba un déficit de $1600 millones y había previsto en el presupuesto sólo $600 millones de masa salarial para todos los trabajadores estatales, incluyéndonos a los docentes.
En este escenario fue estratégico el accionar de CTERA para lograr que el gobierno nacional estableciera un piso salarial docente en todo el país de $ 1040 que representaba un aumento del 24% del salario inicial. Este anuncio del gobierno nacional hecho el día 19 de febrero generó mejores condiciones para la disputa en cada una de las provincias. Además, el logro de los $1040 echó por tierra el intento de la provincia de Bs. As. de liderar en el Consejo Federal de ministros un acuerdo de todos los gobernadores para que el piso salarial nacional no fuera superior a $960.
La provincia de Buenos Aires había hecho una propuesta de salario inicial de $900, otorgando un aumento de $30 en marzo y $30 en agosto, y la incorporación de $30 pesos al básico en marzo y $30 en agosto. Esto representaba sólo $300 millones de pesos de masa salarial. Lo previsto por las autoridades. Luego hicieron otra propuesta que alcanzaba sólo a $590 millones de masa salarial, propuesta que fue rechazada por el Frente Gremial y motivó la decisión de avanzar con la modalidad del no inicio. Ante la firmeza que mostrábamos los docentes el gobierno provincial. hace una “ultima propuesta” en palabras del ministro de Economía, Gerardo Otero, que significaban $980 millones de masa salarial, con solicitada de por medio en una fuerte campaña para intentar enfrentarnos con la comunidad educativa.
La misma también fue rechazada. Lo que sucedió después, es una verdad a gritos: finalmente el gobierno provincial se vio obligado a ceder haciendo una nueva propuesta que implica una masa salarial de $1148 millones de pesos y el gobierno nacional a destinar fondos para nuestra provincia. Si a alguno le hubiera quedado alguna duda de la firmeza y la fortaleza que esgrimimos los trabajadores de la educación en este conflicto, la renuncia del ministro de economía provincial es lo suficientemente elocuente para despejarlas”.
Este año asistimos a uno de los hechos más brutales que se conocen en materia represiva hacia los trabajadores. El asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentealba conmovió no solamente a los docentes sino al conjunto de los trabajadores y al pueblo en general. No es para menos, ver como asesinan a un trabajador por defender sus justos derechos, nos llena de bronca, de indignación y de un profundo dolor. El accionar represivo de la policía de Neuquén fue definido por la decisión política del gobernador de esa provincia, Jorge Sobisch, que había advertido unos días antes “Neuquén no es Gualeguaychú”, convalidando de esta manera un accionar que pretende reprimir la justa demanda de los trabajadores; accionar que viene siendo reclamado por los grupos económicos y por la derecha de este país.
La firmeza y la contundencia del paro y las movilizaciones convocados por la CTERA y la CTA no dejan lugar a dudas del rechazo y el repudio que nuestro pueblo esgrimió ante este tipo de prácticas. La CTA fue la única organización con autoridad y legitimidad para pararse en el centro de la escena y convocar a las más diversas expresiones de la vida política, social y sindical de este país. En este sentido coincidimos con la CGT en la realización de un paro en conjunto y en la calle con diversas expresiones y organizaciones del campo popular más allá del posicionamiento que tienen cada una de ellas con respecto a la coyuntura y el gobierno.
Las tizas no se manchan con sangre como tampoco los mamelucos, las cucharas de albañil, los martillos, las palas o cualquier otra herramienta de trabajo de cualquier trabajador, porque como pueblo no avalamos que se responda a las legítimas demandas de los trabajadores con represión y muerte. Seguimos exigiendo Juicio y Castigo a los responsables políticos, ideológicos y materiales de semejante crimen, a través de la campaña nacional de CTERA y CO.CA.PRE contra la impunidad.
La sanción de una nueva ley de educación para nuestra provincia constituye un triunfo histórico para toda la comunidad educativa que incide fuertemente en la definición de las políticas públicas luego de un proceso de resistencia, grandes luchas y debates cuyo objetivo fue la derogación de la Ley Federal de Educación y su correlato en nuestra provincia: la nefasta autodenominada “Reforma Educativa”. En este proceso los trabajadores de la educación, la comunidad educativa y las organizaciones sociales fuimos capaces de construir una correlación de fuerzas que permitió, no sólo la derogación de las leyes neoliberales, sino la participación en el debate y la elaboración de una nueva ley que esté al servicio de los trabajadores y el pueblo y que centralmente que defienda la educación pública.
Es una ley que sin duda no hubiera sido posible si a nivel nacional no hubiésemos logrado con CTERA, previamente la derogación de la Ley Federal de Educación y la sanción de una nueva ley nacional. Son dos etapas de la misma lucha y de la misma definición política por parte de los trabajadores de la educación: ser capaces de construir una educación, nacional, popular, democrática con profundas raíces en la cultura y en los procesos históricos políticos de lucha por la liberación de nuestros pueblos. Una educación que sea realmente liberadora y verdaderamente transformadora, que cale hondo en la formación de la conciencia colectiva y que aporte al proceso de transformación que concluya definitivamente con la dependencia social, económica, política y cultural a la que están sometidos nuestros países y nuestros pueblos.
Una escuela que -a diferencia de la pensada por el neoliberalismo como contenedora social, reproductora del orden social, económico y político que garantizara la desigualdad y la concentración de la riqueza en pocas manos, formadora de mano de obra barata y con alto contenido de disciplinamiento social- se configure como formadora en primer lugar de sujetos de derechos, con capacidad de análisis crítico de la realidad, con compromiso social, que posibilite que los chicos se apropien de los conocimientos necesarios que les sirvan como herramienta de transformación no sólo de su realidad individual sino también de la del conjunto de su comunidad.
Hay que señalar, también, que en este proceso existió decisión política de los gobiernos nacional y provincial y de las respectivas legislaturas, en un proceso similar al que se dio con las políticas de derechos humanos, donde los organismos de derechos humanos y su lucha histórica jugaron el papel fundamental.
En el caso de la educación hicimos lo propio los sindicatos docentes. Entendemos que estas dos leyes marcan una clara ruptura con las políticas neoliberales en materia educativa y nos exige un gran compromiso y representa un gran desafío: que estas transformaciones lleguen a la realidad cotidiana de nuestras escuelas para ser capaces de construir esa escuela que queremos, a la que aportamos todos los días nuestro esfuerzo a pesar de las condiciones materiales a las que nos vemos sometidos los chicos y los trabajadores.
Es por eso que es fundamental que todos tomemos cabal conciencia del logro que significó la sanción de esta ley para exigir su cumplimiento y garantizar su concreción. Debe ser tomada como bandera de lucha de todos los trabajadores de la educación y del conjunto de la comunidad educativa. Fue y es central en este proceso el rol que jugó y que deben jugar la CTA y las Organizaciones sociales. Como muestra sólo basta señalar que si no nos hubiéramos movilizado a la legislatura el día que se sancionaba la ley, los sectores más retrógrados de la iglesia católica y varios intendentes hubieran incidido en modificaciones que hubieran significado un claro retroceso. Pero para que la ley se cumpla debemos exigir los recursos materiales y humanos necesarios para que esto sea posible.
Se dio y se está dando un debate muy rico en las escuelas. Con matices, con diferencias, fuimos y somos capaces de priorizar la construcción colectiva, priorizar la unidad por sobre la división, defender la decisión legítima de los trabajadores de la educación. Tenemos un camino largo todavía por recorrer, en conquista de derechos, en continuar recomponiendo y aumentando nuestro salario, en mejorar la situación de las escuelas, en lograr una verdadera inclusión social y educativa, y en transformar la escuela pública para que aporte a un proyecto nacional, liberador de nuestro pueblo.
Condiciones necesarias para esto, son fortalecer aún más la unidad entre los trabajadores de la educación, con el conjunto de los trabajadores y con la comunidad educativa, profundizar la democracia interna y tener la firme convicción que la suerte y el destino de los docentes y de la escuela publica está íntimamente ligado a la suerte del conjunto de nuestro pueblo. Condiciones que estuvieron muy presentes en el desarrollo y en la resolución del último conflicto. Podemos afirmar que dimos un paso muy importante, que nos deja muy fortalecidos para transitar el camino que nos falta recorrer.
La lucha por la recomposición de nuestro salario, por el nombramiento de cargos docentes, por infraestructura, y por políticas socioeducativas son centrales en la búsqueda de este objetivo. La última semana antes del receso de invierno realizamos una consulta todos los gremios docentes, con una propuesta de discusión de una nueva agenda paritaria que contempla, entre otros, estos puntos. De la misma participaron más de 100.000 docentes en toda la provincia con un respaldo que supera más del 97 %.
Un respaldo que implica una gran legitimidad y fortaleza en la demanda colectiva.
Un respaldo que nos permite plantear con absoluta firmeza al gobierno nuestras reivindicaciones.
Un respaldo que implica la ratificación de un camino que es la construcción colectiva y democrática de las decisiones sustentado en la unidad y en la defensa de los intereses de los trabajadores de la educación y de la escuela pública.
Un respaldo que nos permite ir por más y sin lugar a dudas poder lograrlo.
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