Esa larga lucha permitió obtener la Ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente que si bien no era el objetivo estratégico que estaba planteado, fue sí un avance importante. Significó quebrar un núcleo duro de la política neoliberal del menemismo: el que el Estado Nacional ya no se hacía cargo de lo que ellos llamaban gasto -y nosotros inversión- en términos de financiamiento educativo. La Carpa, por primera vez, rompe con esa lógica y permite este avance en un momento donde parecía que la políticas neoliberales eran absolutamente invencibles.

El estallido social del 2001 puso en cuestión las políticas neoliberales pero todavía sin la fuerza suficiente como para instalar un modelo diferente. Desde CTERA pudimos continuar avanzando en políticas más nacionales planteando como pasos inmediatos una nueva ley de educación, que derogase la Ley Federal, y la necesidad de una ley de financiamiento más profunda e integral. En este camino fuimos construyendo la correlación de fuerzas necesarias que permitió ya en el año 2005, antes de que se aprobase la Ley de Financiamiento Educativo, establecer un piso salarial de 700 pesos unificado, donde el Estado Nacional concurrió en apoyo de las provincias con mayores dificultades económicas aún sin tener todavía un marco legal que lo cubriera.

Todo el año 2005 fue un año de discusión de la Ley de Financiamiento; hicimos un paro nacional con movilización al Congreso, el 20 de mayo, donde pudimos poner en la calle esa necesidad y obtuvimos casi a fines de año una ley que, si bien no es la que planteaba la CTERA, es la primera ley real de financiamiento educativo.

La CTERA reclamaba que se pudiera llegar en un plazo más breve a los 6 puntos del PBI y que la carga de este incremento del presupuesto educativo estuviera puesta más en los fondos del Estado Nacional que en el de las provincias. Si bien la Ley salió con el 60% de la sumatoria a cargo de las provincias y el 40% a cargo del Estado Nacional, lo consideramos un salto cualitativo muy importante porque ahí sí verdaderamente el Estado Nacional comienza a hacerse cargo de un tramo muy importante; además fija claramente que estos fondos son prioritariamente para salarios y establece un Fondo Nacional de compensaciones de desigualdades salariales.

Es a través de este Fondo y de la fuerza que ya a esta altura habíamos acumulado con la CTERA, que a principios de 2006 se establece un nuevo piso salarial de 840 pesos, rompiendo un intento de provincia de Buenos Aires que pretendía fijarlo en 770. Este piso implica en aquel momento un aumento del 20%, superior al que el gobierno nacional había definido como pauta salarial. También se logra avanzar en la instrumentación del control del goteo de fondos que diariamente, a través de la coparticipación federal, llega a las provincias con asignación específica para educación.

El financiamiento y la nueva Ley de Educación

La Ley de Financiamiento es una ley transitoria, porque de lo contrario sería anticonstitucional; nosotros planteamos avanzar todavía más, de ahí que en el debate del proyecto de la nueva Ley de Educación, la CTERA reclamó que esos 6 puntos del PBI excluyeran los presupuestos de ciencia y técnica. En los planes del Ministro Filmus, al comienzo de su mandato, no estaba derogar la Ley Federal sino hacerle algunas reformas. Pero debido a la fuerza que la CTERA logró construir en estos años, el gobierno se avino finalmente a que lo necesario era derogar y construir una nueva ley. El debate fue muy intenso y se hizo en todas las provincias de una manera diferente, dependiendo fundamentalmente de la fuerza que tuviera el sindicato de base de la CTERA para imponer algunas condiciones en relación a las jornadas con suspensión de clases para el debate; además la CTERA no se quedó solamente con el debate institucional, sino que salió a discutir con organizaciones sociales de todo tipo. De todo ese proceso surgió un documento que entregamos al Ministerio de Educación, muchos de cuyos puntos están hoy contenidos en esta ley. Entre ellos, el que los 6 puntos del PBI tienen que ser exclusivamente para educación excluyendo ciencia y técnica, que deben tener, por supuesto, mejores presupuestos pero por cuerdas separadas.

La importancia del piso salarial unificado

Los docentes de las provincias, al tener garantizado el piso salarial, han podido dar luchas muy importantes en relación a mejorar sus estructuras salariales, a los blanqueos, a eliminar los presentismos, las sumas en negro, los ticket canasta, etc. Este año, al haber podido plantar un piso de 1040 pesos que implica un 23,8 de aumento salarial en el sueldo inicial, un porcentaje muy superior al cierre de las negociaciones de todos los sindicatos que en este momento están en curso, ha posibilitado que en muchas jurisdicciones se haya logrado, además de tener este piso garantizado, aumentos significativos y blanqueos en los básicos.
Restan algunas provincias que aún están en conflicto fundamentalmente por mejorar y blanquear sus salarios básicos y eliminar las sumas en negro que todavía existen. El enorme mérito de este piso salarial de $1.040 es que además de dar un impulso muy fuerte a las luchas para mejorar los salarios docentes, ha dinamizado toda la discusión salarial y no sólo de los estatales, sino del conjunto de los trabajadores, como lo ha reconocido públicamente el secretario general de la CGT, Hugo Moyano.

Nuevo ámbito de negociación colectiva

Recientemente, y como parte de la Ley de Financiamiento, hemos obtenido una reglamentación de su artículo 10 que establece un ámbito de negociación colectiva; en la práctica es una ley de paritarias. Es un ámbito en el que van a estar representadas las organizaciones con personería nacional, en el cual vamos a discutir salario y condiciones de trabajo y que va a generar acuerdos, pisos de consenso nacional debajo de los cuales no va a poder estar ninguna provincia. Hoy sólo ocho provincias tienen ley de paritarias y están funcionado, mientras que la mayoría de las jurisdicciones no tiene posibilidad de negociación colectiva. La nueva ley de la educación dice claramente que es un derecho de los trabajadores la negociación colectiva tanto provincial como nacional. De modo que poder tener esta instancia va a facilitar enormemente la discusión en aquellas provincias que, por sus características, su legislación y por las distintas correlaciones de fuerzas que se dan, todavía no han podido lograr ámbitos de discusión paritaria. Como herramienta es un avance muy significativo; de lo que se trata ahora es de llenar de contenido esa herramienta. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de negociación colectiva siempre estamos hablando de que hemos construido una correlación de fuerzas como para lograr que esa negociación tenga un saldo favorable para los trabajadores. Si así no fuera, nos retiraríamos de ella y continuaríamos con las medidas de acción que fueran necesarias. Pero nos parece que haber alcanzado tanto este ámbito como una nueva Ley de Educación donde se cambió la caracterización de la educación -que para la Ley Federal era un derecho individual y el Estado tenia un papel subsidiario, y para esta nueva ley es un derecho social y el Estado tiene un papel indelegable en garantizar su financiamiento y que todos accedan a ella- son avances muy importantes que empiezan a quebrar, ya de forma definitiva, las políticas neoliberales de la educación implementadas durante los 90’.

Desde ya que esto no significa que hemos alcanzado nuestras metas, porque todavía falta mucho. Aspiramos a que los trabajadores de la educación puedan trabajar en un solo cargo, con horas frente a clase y con horas institucionales para la planificación, la evaluación y la formación permanente, con un salario que esté acorde a la canasta familiar y que signifique el acceso a los bienes de la cultura que son instrumentos indispensables para un trabajador intelectual.

Esa es la dirección de nuestra lucha.