Horacio Juárez, en represalia por los reclamos legítimos de los trabajadores, ha sido sancionado días atrás por el STJ privándosele de su salario y pidiendo su trasladado de tarea e, incluso, la posibilidad de su cese como funcionario judicial, lo cual significa una flagrante violación a la Constitución Nacional, al principio de "libertad sindical", a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto de San José de Costa Rica ; a la normativa de la OIT y a la ley 23.551.

La medida -sostiene la denuncia firmada por Jorge Izquierdo y Víctor Mendibil, secretario general y cosecretario, respectivamente, de la FJA- constituye “una aberrante práctica desleal por desconocimiento abierto y manifiesto de la estabilidad sindical”, por lo que solicitan al ministro Carlos Tomada haga “cesar la intolerable situación de grosera ilegalidad”.

Tras señalar que las arbitrariedades por parte del Tribunal son reiteradas, la denuncia pone en conocimiento del Ministerio la Acordada 62 del STJ que es -dice- un auténtico manual de delación gremial en perjuicio de los trabajadores judiciales.

Agrega la denuncia que en virtud de la postura asumida por el Poder Ejecutivo de La Rioja en incumplir abiertamente la Ley de Presupuesto que incluye la porcentualidad salarial en las retribuciones de los trabajadores judiciales, el Poder Judicial de la Provincia se encuentra paralizado desde principios de 2007, en virtud de las medidas legítimas de acción directa que cuentan con adhesión masiva, impulsadas por la Asociación de Trabajadores Judiciales, filial de la FJA.

La Federación Judicial Argentina, en la presentación hecha ante el Ministerio de Trabajo deja en claro que "la medida adoptada contra nuestro cro. Horacio Juarez es un instrumento revulsivo de represión antisindical en el marco de la vigencia de un sistema democrático de gobierno", requiriendo la intervención del Sr. Ministro, sin perjuicio de la denuncia que efectuará la FJA a la Organización Internacional del Trabajo.