El juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, espera que el Consejo de la Magistratura de la Nación envíe en los próximos días una suma de 15.000 pesos para terminar la obra civil que están realizando técnicos en el Pozo de Vargas a fin de instalar un nuevo ascensor que se necesita para reanudar los trabajos de excavación en busca de restos humanos. Según el magistrado, el elevador, que es fabricado por una empresa tucumana, está prácticamente terminado.

De esta manera se estima que antes de fin de año, los especialistas del Grupo Interdisciplinario de Arqueólogos y Antropólogos de Tucumán (Giatt) estarían en condiciones de reanudar los trabajos en el predio que está ubicado en la avenida Francisco de Aguirre al 4.000.

Hasta el momento las excavaciones en el pozo, que tendría unos 80 metros bajo tierra, llegaron a unos 25 metros de profundidad. La causa se inició en 2004 a raíz de una denuncia del dirigente justicialista Enrique Romero y estuvo en sus inicios en manos del destituido juez Felipe Terán, quien a fines de 2005 confirmó el hallazgo de los primeros restos humanos que presuntamente pertenecerían a tucumanos desaparecidos durante los años negros del 70. El segundo hallazgo se produjo el 9 de junio del año pasado, ya bajo la supervisión del juez Racedo.

Informe: Primerafuente, portal de noticias de la Asociación de Prensa de Tucumán (APT-CTA)

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