
Trabajadores autogestionados de ANTA-CTA, Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), Bachilleratos Populares y numerosas cooperativas de trabajo se reunieron el sábado 15 de septiembre para debatir una agenda común. Como resultado del encuentro se conformaron equipos de trabajo y se acordaron cinco puntos que serán llevados como reclamos del sector a la propuesta de la CTA para la Paritaria Social.
El diluvio que se desató durante la mañana del sábado no impidió que más de 30 trabajadores autogestionados se juntaran en la Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores (UST) de Villa Domínico, Avellaneda. Este fue el cuarto de una serie de encuentros que apuntan a superar la dispersión del sector.
Desde historias y perspectivas diversas, ya desde el inicio las intervenciones coincidieron en señalar tres problemas centrales: la precariedad legal de la mayoría de las empresas recuperadas, la ausencia del estado en las soluciones de fondo para la autogestión, y la urgente necesidad de aunar criterios en una política que revierta esta situación.
En este sentido, fue aceptada la propuesta de la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados (ANTA), de precisar los reclamos del conjunto para ser presentados dentro del marco de la Paritaria Social.
En el encuentro del sábado se acordaron cinco puntos iniciales para la Paritaria Social. El primero fue exigir la inmediata sanción de una Ley Nacional de Expropiación, que garantice la propiedad de las unidades productivas recuperadas por los trabajadores.
El segundo fue la creación de un Fondo de Reconversión Tecnológica que permita actualizar el capital de trabajo de las recuperadas. Esto no es una exigencia infundada. La necesidad de esta medida implica reconocer que la fuga del capital no nace en la crisis del 2001, y que la gran mayoría de las recuperadas -por caso paradigmático, IMPA- fueron antes a la quiebra porque la vieja patronal no invirtió un solo peso desde los años 50. Aparte de las matufias, estas empresas resultaron inviables por la incapacidad estratégica y la avaricia de la dirigencia económica. Ninguno de los puestos de trabajo creados por la lucha de los laburantes tiene porqué hacerse cargo de esta deuda.
El tercero es la necesidad de establecer un Régimen del Trabajador Autogestionado, que contemple desde lo fiscal, lo legal y lo económico una nueva realidad que ya existe y ha llegado para quedarse. Los trabajadores autogestionados no son asalariados, pero tampoco son cooperativistas clásicos ni, mucho menos, monotributistas. Este concepto, que rompe los límites de lo establecido dentro del sistema, necesita una expresión normativa. Los autogestionados, que a falta de mejores recursos hoy se legalizan en cooperativas de trabajo, son ante todo trabajadores. El nuevo régimen debe resolver cuestiones de seguridad social, jubilación, salud, accidentes y enfermedades laborales.
El cuarto de los puntos se refiere a un sector específico de los autogestionados, que tiene proyecciones estratégicas que van más allá del movimiento. Se trata de los autogestionados de la educación, que se expresan en las cooperativas de Bachilleratos Populares. Estas cooperativas han creado hasta el momento 11 escuelas de enseñanza media en distintas empresas recuperadas e instituciones barriales. Para estas escuelas, que se definen como públicas y autogestionadas, se reclama el reconocimiento del estado. Este reconocimiento implica el pago del salario docente y la creación, dentro de los organigramas de la función pública en todas sus variantes, de la Dirección de Gestión Social. Aunque parezca absurdo, hoy el sistema subsidia a las escuelas privadas, pero les niega a los trabajadores y a las organizaciones comunitarias la posibilidad de tener sus propias escuelas con fin social y sin fines de lucro.
El quinto punto es la Condonación de las Deudas Fiscales de Empresas Autogestionadas. En el país del pagadiós empresarial, donde los salvatajes a los grandes grupos económicos son permanentes, fundamentar esta equiparación, este reclamo de igualdad de condiciones, sería casi redundante.
En la jornada del sábado estuvo presente la necesidad de sumar voluntades a la construcción de una política común. Para esto se conformaron equipos de trabajo que saldrán a recorrer cooperativas, empresas recuperadas y emprendimientos. También se avanzó en la concreción de un programa de formación, precisando los contenidos de un taller para todas las organizaciones que comenzará en octubre.
Estuvieron presentes trabajadores de Cooperativa Unidos por el Calzado (CUC), UST, IMPA, Cooperativa 19 de Diciembre, Cooperativa RB, Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIP), Cooperativa Arbolito, Cooperativa Huesitos Wilde, COPARTI, Cooperativa Barrio El Tala, Cooperativa Marabo, Cooperativa Grafica Avelino Fernández, y FTV Solano, entre otros.
Este espacio de encuentro se volverá a reunir el sábado 22, a las diez, en IMPA.
* Prensa ANTA-CTA
Prensa CTA Avellaneda.
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