Los determinantes del proceso salud-enfermedad son sociales, económicos, culturales, asistenciales medioambientales y biológicos, por lo que la salud de la población es el resultado de las políticas intersectoriales y no sólo de los sistemas médicos asistenciales. Las desigualdades sociales en salud deben enmarcarse en el proceso económico y social que las determina.

Hace unas semanas en el noroeste de Santiago del Estero, casi al límite con Tucumán, varias familias campesinas fueron expulsadas de sus tierras mediante brutales desalojos que incluyeron fuerza policial y tapadora.

Arrasaron con ranchos, alambrados y animales, y ahora se abre para ellos -casi un centenar de personas- un sombrío panorama de chicanas judiciales.

No es la primera vez que sucede. En varias otras provincias, desde hace por lo menos un par de años, familias de campesinos son notificadas abruptamente de inmediatos desalojos.

El modus operandi es más o menos el siguiente: amparados en figuras legales como la restitución provisoria, empresarios y abogados -en general mezclados con policías o agentes policiales corruptos- inventan causas que desembocan en órdenes de desalojo en contra de familias que ocupan tierras desde hace décadas- en algunos casos cientos de años, generaciones enteras -, pero que sin embargo carecen de títulos de propiedades perfectos.

Esas familias -además, por ignorancia o lejanía- tienen disminuida su capacidad de defensa, y muchas veces cuando se enteran de que van a ser desalojados ya es tarde para accionar.

De manera que son obligados a perder lo único que tienen y que de echo les pertenece: las tierras donde nacieron, vivieron y trabajaron toda sus vidas.

Hace un par de años la Federación Nacional de Salud (FNS-CTA) tomó conocimiento del remate, en esa misma provincia, de un pueblo entero -San José del Boquerón y varios parajes vecinos- por orden judicial. Estuvieron involucrados más de 3000 habitantes en casi 10.000 hectáreas de los que fueron bosques de quebrachos y ahora son tierras semidesérticas.

Aunque también hay agudos conflictos por la posesión de la tierra en las provincias de Misiones, Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, Catamarca, Mendoza, Neuquén e incluso Córdoba, el drama santiagueño -según estimaciones del movimiento campesino de esa provincia (MOCASE) afecta a unas 16.000 familias cuyo problema central es la tenencia precaria de las tierras en las que viven y trabajan desde siempre.

Originado a fines del siglo XIX, el conflicto jurídico se montó primero sobre la explotación irracional de la madera, y después sobre la tala indiscrimina que viene imponiendo la explotación intensiva de la soja.

Esto produjo, junto con el avasallamiento de costumbres y la degradación del monte, la llamativa abundancia de títulos de propiedad adquiridos de modos poco transparentes, que sin embargo y corrupción mediante, permiten accionar contra los legítimos poseedores de las tierras.

Y es que si bien la legislación siempre reconoció a los campesinos el derecho a la propiedad de las tierras habitadas durante 20 o más años, la trampa consistió en que los trámites administrativos para recibir los títulos definitivos tienen costos que exceden la capacidad económica de los pequeños productores, además no se les reconoce las mejoras que realizaron,- casas, cercos caminos y represas. La tenencia precaria -sea de tierras fiscales o privadas- es uno de los principales problemas del as del campesinado argentino.

En Formosa y Chaco la cuestión de las tierras también se las trae.
El criminal desmonte que día a día y todos los días degrada y depreda nuestros bosques naturales puede estallar en cualquier momento.

Todavía resuena la entrega de 40.000 hectáreas de tierras fiscales, a una empresa de origen australiano, que el gobierno de Gildo Infrán, habría cedido al precio vil de 8 pesos la hectárea; y en el Chaco, los bosques conocidos como El Impenetrable ocultan la desaparición legal de entre dos y tres millones de hectáreas, las cuales -según reiteradas denuncias,- estarían en manos de corporaciones y sociedades no tan anónimas, si se confirmaran los nombres de políticos y empresarios que suelen escucharse en los mentideros locales.

Uno de los denunciantes es Adam Pedrini con presentaciones públicas, junto con las denuncias realizadas por el Dr. Rolando Nuñez sobre el gobernador Roy Nikisch y su antecesor en el cargo, Angel Rozas.

La situación que afloró en el Chaco durante recientes reclamos de originarios, más la muerte por causas evitables (desnutrición) de más de 14 tobas en agosto, dista de esclarecerse. Mientras tanto la ciudadanía -urbana y campesina- reclama saber de una vez quién o quienes autorizaron las ventas de tanta tierra fiscal, y quienes y cómo integraron las corporaciones compradoras.

Dos de los grandes compradores de tierra (latifundistas) en el Chaco, han sido procesados por estafa: son los hermanos Saverio y Victorio Waltieri. El proceso es por estafa especial y fraude a la administración pública en un tribunal de La Plata. También fueron procesados Salvador Gualtieri y Hugo Barreña. Estos son algunos de los implicados en los escandalosos negociados de tierras fiscales y reservas de pueblos originarios.