El tiempo parece haberse detenido en muchas calles de las provincias de Pisco, Chincha e Ica (departamento Ica), Cañete, Yauyos (Lima), Castrovirreyna y Huaytará (Huancavelica), que todavía siguen cubiertas de escombros, mientras miles de damnificados continúan viviendo a la intemperie y quejándose de que la ayuda gubernamental no les llega.

En plena etapa de post-emergencia transcurrido ya más de un tiempo del sismo; se comienza a desencadenar los procesos más difíciles y problemáticos tanto desde el punto de vista sanitario como social que es la rehabilitación/reconstrucción en un contexto de falta de eficacia y recursos del Estado nacional-provincial-local.

Es decir, preguntarse qué pasará con los miles de sobrevivientes que en un 80% se quedaron sin vivienda en Pisco-Chincha y que están expuestos a potenciales procesos de salud-enfermedad sumamente peligrosos por la precaridad de las condiciones de vida actuales en las tiendas, carpas y campamentos. O sobreviviendo frente a sus escombros/viviendas inhabitables que por ejemplo están desarrollados en Chincha, que obviamente afectan a los más pobres de las comunidades perifericas que quizás mantengan estas situaciones de necesidades básicas insatisfechas por mucho tiempo si no se producen acciones para su ayuda inmediata.

A su vez, estas zonas periféricas de las provincias de Pisco y de Chincha (con cierta similitud con pueblos/ciudades del altiplano andino) ya existían determinantes sociales y económicos que reflejaban un patrón de desigualdad social con presencia de enfermedades ligadas a la pobreza en la población, que claramente se vieron agravados/profundizados por el desastre.

Según la Dirección General de Epidemiología de Perú la mayor demanda de atención hoy en Pisco-Ica-Chincha corresponde a las infecciones respiratorias agudas no neumónicas (49,3%), seguida de las causas externas (8,6%), las infecciones de piel (4,9%), trastornos psicológicos (4%) y infecciones del tracto urinario (3,9%). Con menor incidencia aún, comienzan a aparecer en los indicadores sanitarios de salud-enfermedad diarréicas, ETAs/enfermedades transmitidas por alimentos, conjuntivitis, entre otros.

Hubo más 87.000 damnificados que ya asistieron al sistema público de salud de Perú en busca de respuestas en salud-enfermedades. Actualmente en mayor medida en Chincha la organización post-emergencia que presenta la comunidad afectada es sumamente caótica y deficitaria donde por ejemplo el control de calidad de agua segura, tratamiento de alimentos, manejo de excretas y limpieza de letrinas o baños químicos es insuficiente, y en muchos casos inexistente. En Pisco hay zonas también sin ninguna atención como ser San Clemente, Tupac Amaru, San Miguel, entre otros.

En este marco, el 80% de los trabajadores y personal de salud de la Red de Salud del Departamento de Ica fue víctima y afectado directo del terremoto aunque siguen trabajando desde agosto en la atención 10 o 12 horas al día sin ninguna contención pública ni psicológica.

La Salud vale: las recetas conocidas

En Pisco había un hospital central San Juan de Dios(se derrumbó completamente y además fue saqueado su tecnología-equipos), 7 centros de salud y 15 puestos de salud. La Red de Servicios de Salud II Chincha-Pisco, zona semi-urbana con zonas rurales, que tiene 1 Hospital San José, 7 centros de salud (CLAS) y 21 puestos de salud en Chincha se encuentra sobre-demandada en un 50% (16.000 atenciones-damnificados), con carencia de recursos-insumos en el 90% de los casos y con el personal de salud precarizado, con salarios magros (170 dólares un enfermero) y víctimas directas también del terremoto.

Esta figura de CLAS (Centro Local de Administración de Salud) está bajo un modelo de autogestión supuestamente “con la comunidad”, que en la práctica representan condiciones de trabajo y salarios más precarios para su personal (el 90% de los trabajadores de la salud están contratados y cobran salarios que representan 1/3 de lo que paga el Ministerio de Salud a un trabajador nombrado aunque desarrollan igual tarea). Esta autogestión se sostiene por el cobro/arancelamiento de la atención/tratamiento de la salud a la comunidad (de 3 a 5 soles una consulta, 20 soles una radiografía, etc - 1 dólar es igual a 3 soles).

Además, de acuerdo a la “recaudación” pueden hacer acciones de prevención/promoción si hay recursos. En este contexto, debido al desastre, la atención fue declarada gratuita en el último mes y medio con lo cual además de la inmensa demanda por la catástrofe también la población podía acceder gratuitamente. Pero casualmente los CLAS al no recaudar no tienen para pagar los salarios-insumos-medicamentos, cuestión que preocupa de sobremanera a sus gerentes en su mayoría profesionales de la salud médicos ya que los trabajadores no cobraron aún sus magros sueldos.

La co-gestión comunitaria es sólo una figura simbólica de maquillaje donde algún profesional o referente económico (contador, empresario, comerciante importante del pueblo) tiene un lugar dentro de los 3 cargos ad-honorem directivos y pueden opinar/disponer de los recursos del CLAS. En la mayoría de los casos son personas ligadas al poder político local. Este derecho a la salud sumamente restringido-vigilado esta naturalizado en la sociedad peruana incluso en los sectores más postergados. Vale decir que los trabajadores de la salud peruanos nucleados en FENUTSSA transitan un activa oposición a estos preceptos, aunque no concitan el apoyo mayoritario de la sociedad.

El sistema de salud de Perú dependiente en parte del Ministerio de Salud (MINSA) tiene pilares y características de profunda inequidad, fragmentación, arancelamiento con fuertes barreras de accesibilidad. En este sentido, el arancelamiento, que es piedra común en todo el país, se siente fuertemente en la atención sanitaria “pública” en todo el primer nivel ya que la presencia de unidades autogestionadas de salud funcionan como perfectas barreras de acceso para quienes no tienen recursos para pagar la consulta.

Aunque algún organismo internacional conocido por los pueblos de América Latina -todos saben que hablamos del Banco Mundial- propuso que a los más pobres entre los pobres se les diera el consabido Seguro: el acceso al llamado SIS (Seguro Integral de Salud) en Perú que da atención gratuita aunque es focalizado, parcial y no abarca a toda la población. Para lograr la credencial del SIS es un largo proceso que en definitiva es definido/decidido por la burocracia del Estado conjuntamente con la opinión de los filántropos de los CLAS.

Lo que se discute es si esa persona es o no es muy pobre para darle su credencial SIS, aunque paradójicamente pensemos que el 60% de la población antes del terremoto se encontraba ya en situación de pobreza en esta zona de Chincha-Pisco-Ica por carencias socio-económicas estructurales que como dijimos se vieron agravadas por el sismo. Una receta bastante conocida en América Latina. A partir del 15 de septiembre se comenzó a arancelar/recaudar nuevamente en la región del desastre.

“No se sostenía más. No podíamos seguir sin recaudar”, explicó una médica-gerente del CLAS de Pueblo Nuevo en Chincha preocupada por las cuentas fiscales de su centro asistencial. Así, con el 80% de la población damnificada y sin vivienda por el sismo en Chincha-Pisco viviendo en condiciones de suma precariedad, el cobro de la atención es/será una barrera de acceso a la salud y un impedimento para dar respuesta al derecho a la salud de la comunidad afectada.

Más allá de la crítica a estos criterios de mercantilización de la salud, es claro que quienes lo perdieron todo en el desastre no podrán por los próximos meses(?) generar los ingresos/recursos para poder pagar/comprar salud, con lo cual verán restringido su acceso-respuesta a los procesos de salud-enfermedad a los que están expuestos. Qué hará el Banco Mundial y el Ministerio de Salud peruano, universalizar el SIS? Imaginen la respuesta.

Las condiciones sociales/económicas/sanitarias para la aparición de epidemias están. Viene el verano. La pregunta que cabría hacerse es: y qué pasa con la inmensa ayuda nacional e internacional recepcionada? La ayuda humanitaria fue mucha para la emergencia principalmente en Pisco, llegó masiva colaboración que fue caóticamente derivada a los campamentos, tiendas y población en general. Aunque por ejemplo en el caso de los medicamentos donados al 10 de septiembre sólo llevaba clasificados el MINSA el 10%.

La otra gran pregunta es dónde esta el Estado nacional? Buena pregunta también. No vamos a entrar en esta nota en las desastrosas respuesta de Alán García (por ejemplo a horas dijo que había pocos muertos), las peleas, internas y diatribas entre las distintas burocracias del Estado (Defensa Civil, Salud, Gobierno, Departamentos). Aunque finalmente llegó la respuesta: el FORSUR (Fondo de Reconstrucción del Sur de Perú) es el instrumento creado donde se centralizaron todos los recursos económicos que se cuentan en 100 millones de dólares para comenzar la reconstrucción y dar respuesta a la etapa más preocupante observando la situación actual socio-sanitaria en Chincha-Pisco-Ica.

Para el comando del FORSUR el gobierno nacional de Alán García nombró como director al empresario avícola Julio Favre, un público defensor de las posturas más extremistas de la derecha y acusado de haber apoyado a grupos paramilitares en los años ’90 para combatir al grupo guerrillero maoísta Sendero Luminoso. La Comisión de la Verdad de Perú documentó que un local de las empresas de Favre, ubicado al norte de Lima, fue utilizado como centro de detención y torturas durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), al cual Favre respaldó.

FORSUR también está integrado por otros empresarios ligados al fujimorismo y a los grandes grupos de poder económico, dos sectores con los cuales el gobierno de Alán García se viene llevando muy bien. Lo que parece tener claro Favre manejando el FORSUR es que el sector privado se encargará de todo. Incluso privatizará la cárcel.

Clase empresaria de estos pagos que por ejemplo llevaron sus topadoras para comenzar a remover escombros pero que cuando se enteraron que habría fondos públicos para pagarlas se retiraron a los 10 días del lugar. Hoy remover los escombros del terreno/casa se cobra 5000 dólares. Solidaridad acotada en el tiempo digamos, aunque hoy Favre y el poder económico tendrán a un benefactor directo: el Estado. En el mismo momento que se producía el terremoto en la zona de Ica, había un paro total de actividades de los trabajadores/profesionales de la salud de Perú lo cual marca la conflictividad en salud.

Pareciera que este sismo funcionó lamentablemente como un detonador para despertar a una sociedad civil que tiende a naturalizar y aceptar como parte de su cotidianeidad un Estado que se preocupa por dar señales al capital transnacional vía Washington y dejar los derechos sociales en manos de la tecnocracia de algunos organismos internacionales o de empresarios.

En las afueras de una pauperizada Chincha y Pisco, la imagen de la empresa transportadora de gas Cammesa y Plus-Petrol con altos perímetros de alambres y guardias militarizados hasta los dientes custodiando a sangre y fuego la construcción de un gasoducto privado impacta.

A metros muerte y pobreza. Es el símbolo de Perú. Quizás de los pueblos de América Latina. Los negocios y la rentabilidad del capital están asegurados. La vida digna de los pueblos aún no.