Es absolutamente comprensible que haya habido un crecimiento de matrícula de las escuelas privadas. La posibilidad de tener mejor infraestructura y equipamiento -dado que no se hacen cargo de los salarios docentes- hace que haya un contraste muy importante entre lo que puede ofrecer la escuela estatal: deterioro edilicio, mobiliario destrozado, falta de material didáctico; y lo que puede ofrecer la escuela privada en la mayor parte de los casos: edificios más limpios y más habitables, buen mobiliario y equipamiento, espacios extracurriculares, etc.

En Capital Federal, el aporte estatal a la escuela privada se ha triplicado en los últimos años, el 45,6% de la matrícula de la ciudad está en la enseñanza privada y nada tiene esto que ver con el conflicto docente, sino con la desinversión y la falta de cobertura que hay en algunos niveles como el Inicial y el terciario.

En Provincia de Buenos Aires, el presupuesto de la DGCyE (Dirección de Cultura y Educación) destinado a la enseñanza privada es de aproximadamente 1.500 millones de pesos, un 15%, del total del presupuesto del área. Mientras tanto, hay zonas en las que no alcanzan las salas de 5 años en los jardines estatales para dar cobertura a la obligatoriedad, vigente desde 1994, y mucho menos para cubrir la actual obligatoriedad que la nueva ley provincial de educación extiende desde los cuatro años.

Se han perdido infinitamente más días de clase por problemas de infraestructura y mobiliario que por paros docentes, en miles de escuelas bonaerenses, situación que se repite en la mayoría de las provincias.

Es una falacia atribuir el crecimiento de la matrícula de las escuelas privadas a conflictos salariales docentes. Queda muy claro que una política educativa privatista como la que se llevó en el período 89/2003, tiene como consecuencia el desfinanciamiento de la escuela pública, y su correlato es la mercantilización de la educación.

En algunas provincias, Chaco, Formosa, Catamarca, San Juan, se cerraron carreras e institutos de formación docente al mismo tiempo que se abrían las mismas carreras en institutos privados, lógicamente esto fue una clara inducción a la privatización de la educación, promovida desde una política pública.

La nueva Ley de Educación Nacional dice claramente en su artículo 2º que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizados por el Estado”. Y agrega en el artículo 4º: “El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho”. Estas formulaciones son un claro avance normativo en relación a la Ley Federal de Educación.

Es necesario remontar varias décadas de desfinanciamiento y políticas privatistas de la educación, sólo cuando esto sea una realidad palpable, nuestra escuela pública habrá recuperado su enorme potencial democratizador y transformador de la sociedad. Este es el desafío de los próximos años. Allí estará la docencia como siempre peleando el destino de nuestra educación.