En este sentido Greenpeace llevó adelante una campaña que captó más de un millón de firmas virtuales, las cuales fueron presentadas al Congreso Nacional. De esta forma tomó vigor la demanda, y según los funcionarios argentinos será debatida en el mes de noviembre en la Cámara de Senadores.

Por lo menos así lo confirmaron el presidente del bloque de Senadores del Frente para la Victoria, Senador Nacional Miguel Ángel Pichetto, y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, durante una conferencia de prensa realizada en el Salón Illia del Congreso.

Ambos funcionarios aclararon que se tratará “cuando se retome la actividad parlamentaria”, es decir finalizadas las elecciones presidenciales del próximo 28 de octubre. A pesar de que reposa hace tiempo en la Cámara Baja, en medio de polémicas y falta de compromiso en lo que refiere a la preservación de los recursos naturales, aun queda otro recorrido dentro del Congreso.

Los tiempos se dilatan y la emergencia está latente, pero la mirada es alentadora al considerar que a esta altura persiste una alta adhesión de los ciudadanos argentinos y organizaciones campesinas e indígenas como la Federación Agraria Argentina, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA).

Pichetto afirmó que el dictamen de la Cámara alta se producirá en los próximos días y que "ratificará la voluntad política de tratar este tema y de acompañar la vocación del gobierno de proteger a los bosques nativos". A su vez comentó que no se tratará porque Greenpeace haya juntado esas firmas, sino porque es una ley importante.

Por su parte Picolotti expresó que “los bosques nativos son un recurso estratégico, y por ello se deben tomar medidas firmes para protegerlos", e informó además que se están diseñando "instrumentos económicos como subsidios directos, créditos a tasa subsidiada y exenciones impositivas". Esto último estaría incluido en un artículo que el Poder Ejecutivo Nacional está de acuerdo en agregar, para establecer una compensación para aquellas provincias que trabajan en la protección de los bosques nativos.

Si dicha modificación llega a producirse el proyecto regresará a la Cámara de Diputados, y así continúan las idas y venidas.

Mientras tanto desaparecen 4.800 hectáreas por día. Por eso es crucial insistir en la urgencia de la sanción, cuando más tiempo se pierde más se agota la naturaleza.

El proyecto establece la detención a los desmontes hasta tanto las provincias realicen un ordenamiento territorial de los bosques nativos, para lo cual cuentan con un plazo máximo establecido de un año, planificando de manera participativa el uso sustentable de los mismos. Además el texto prohíbe explícitamente el otorgamiento de permisos de desmonte en zonas tradicionalmente habitadas.

Asimismo determina diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas en pos de evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo.

Después de varios meses de estacionamiento llegó al Senado sustentado con más de un millón votos de ciudadanos que hicieron palpable su apoyo manifestando ante el Congreso Nacional. Se hicieron presentes más de 300 personas, y la organización ambientalista sostuvo una pancarta que decía: “¿Y la ley de Bosques?”, como forma de reclamar un compromiso formal a la senadora Cristina Fernández de Kirchner, candidata a presidenta en las próximas elecciones del 28 de octubre.

“Reclamamos a los senadores, en especial a la candidata oficial, el compromiso para discutir esta Ley que es indispensable para proteger los últimos bosques nativos argentinos", sostuvo el director Político de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga.

La lucha por la aprobación de esta normativa tuvo su inicio en junio de 2006, cuando la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano comenzó el tratamiento del Proyecto de Ley impulsado por el diputado nacional kirchnerista Miguel Bonasso, el cual tenía como primera finalidad el aprovechamiento sustentable de los bosques nativos de todo el país, y requería que todos los proyectos sobre los mismos presentaran un Estudio de Impacto Ambiental previo a su autorización, teniendo en cuenta la opinión de los pueblos originarios y campesinos involucrados.

La norma se fue enriqueciendo a medida que se incorporaron organizaciones como Greenpeace, Farn (Fundación Ambiente y Recursos Naturales), Fundación Vida Silvestre y el Foro Ecologista que llevaron a la Comisión el reclamo de muchas organizaciones y la exigencia a las provincias para que realicen un ordenamiento de sus bosques, clasificándolos de acuerdo a sus características y riquezas, siendo posible determinar cuales podrían ser objeto de aprovechamiento comercial y cuales no.

Finalmente cuando estaba en condiciones de salir de la comisión para su aprobación en el recinto, algunos legisladores de varias provincias del norte, principalmente Salta y Formosa, manifestaron sus reticencias respondiendo a intereses provinciales. También se generó controversia en el seno del bloque del Frente para la Victoria, pero el reclamo de algunas ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) logró saltear el obstáculo, y en noviembre de 2006 recibió una aprobación general en el recinto. Sus particularidades, como la redacción y modificación de forma de algunos artículos, quedaron para el año 2007.

Según Bonasso “trataron de boicotearla de todas las formas posibles". Muchas de esas modificaciones desvirtuaban los objetivos originales, ya que proponían que el desmonte se llevara a cabo sin una evaluación de impacto ambiental previa, excluía la declaración de emergencia forestal y descartaba la exigencia de que las comunidades que habitaban en los bosques consintieran cualquier actividad.

En otras palabras se intentó triturarla, lograr un efecto de decantación hasta no dejar rastros. Ese fue el objetivo de algunos legisladores que manifiestan un desinterés descomunal respecto a los temas ambientales.

Emergencia forestal

Durante el mes de marzo pasado, después de más de seis horas de discusión, la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de Bosques con la oposición de casi todos los legisladores del las provincias del norte. Entre los discordantes se encontró la diputada del Frente para la Victoria de Formosa, María Graciela De la Rosa, que cuestionó la iniciativa y anticipó su rechazo a varios artículos de la norma, al sostener que iba a deteriorar las economías regionales y las industrias vinculadas con los bosques nativos.

A todo esto, se le atribuyeron dos falencias, destacadas por los expertos en las comisiones de la Cámara alta, por un lado que es inconstitucional porque otorga a la Secretaría de la Nación atribuciones que competen a las provincias y, además, carece de fundamentos técnicos acerca de la diversidad de las masas boscosas y los distintos niveles de degradación por el pastoreo sin manejo.

Por esto Bonasso propuso que sea la secretaría de Medio Ambiente quien autorice los desmontes y adjudique los estudios de impacto ambiental.

Respecto a la modificación del texto original, se destaca puntualmente el artículo 5 que presenta un error, siendo que debería expresar el plazo de un año, “a través de un proceso participativo”, donde cada jurisdicción deberá realizar un Ordenamiento de los Bosques Nativos existentes en sus territorios y declarar las diferentes categorías de conservación. Sin embargo el documento aprobado cita “a través del proceso participativo previsto en la presente ley”, cuando según afirma Greenpeace ningún proceso participativo vinculado al Ordenamiento Territorial está previsto en la ley.

La aprobación resulta indispensable, y significaría un logro en un país donde no se incluye el cuidado ambiental como parte de las políticas públicas. El Estado omite estas cuestiones y gran parte de los ciudadanos ignora y subestima la urgencia en la protección de la biodiversidad.

En este momento, según los últimos datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Argentina se encuentra en una “verdadera emergencia forestal”, y entre 1998 y 2002 desaparecieron 781.930 hectáreas. Este proceso se fue acentuando, llegando a destruirse 280 mil hectáreas por año, y en cuestión de minutos cada día.

Las zonas norteñas son las más afectadas por los desmontes. En el mes de abril pasado unas 200 personas pertenecientes a la Comunidad salteña de Orán se movilizaron contra un proyecto de desmonte de 1.670 hectáreas, en la finca “abra grande y Abra Chica”, ubicada en un área de Selva de Yungas. A esto se suma un dato significativo, y es que en la provincia de Salta se han convocado audiencias públicas para autorizar desmontes por un total de 155.855 hectáreas, esto equivale a más de la mitad de lo que se desmonta por año en todo el país.

Los datos dan cuenta de la gravedad del tema. Se arrasa con los bosques para convertirlos en materia lucrativa y esto genera emergencia a la hora de concebir a la Ley de Bosques como un instrumento político nacional que regule estas actividades, de manera que pueda preservarse el medio ambiente a partir de un uso sustentable de los bosques, valorando las condiciones existentes de cada uno.

Si bien la masa boscosa provee una variedad de opciones productivas tales como materia prima para la industria de fármacos, de alimentos, textiles, madereras, entre otros; no puede hacerse un uso explotador y destructivo de las zonas. Se trata de conservar la sustentabilidad social y no solo ambiental del país.

La coexistencia de recursos vitales al ecosistema no es posible sin la conservación del manto verde, que constituye un recurso axiomático para la vida además de un patrimonio nacional invaluable. Sin embargo en Argentina bastó poco menos de una década para talar miles de territorios.

Esta destrucción está ligada a un afán comercial, tal como lo expresa el Ex Director de Parques Nacionales y Director Ejecutivo del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente, Jorge Morillo: “todos los bosques del país están sometidos a una presión de desmonte para reemplazarlos por cultivos anuales, especialmente oleaginosos, granos gruesos en general, la producción de agrocombustibles, penetración de la ganadería extensiva extrapampeana y en mucha menor medida para plantaciones”.

Un estudio presentado por la revista británica Science (Ver nota en APM: “Más agrocombustibles, más agresiones de carbono”, fecha: 21/08/07) determinó que la cantidad de carbono que se libera cuando se talan bosques para dar lugar a cultivos para biocombustibles es mucho mayor que la cantidad de carbono que despiden los biocombustibles durante un período de treinta años.

Teniendo en cuenta esos datos es viable concluir que para preservar el medio ambiente es indispensable reforestar las áreas afectadas, antes que seguir avanzando en la producción de materias primas sin la aplicación de políticas ambientales y productivas que aseguren el bien común, generadas a partir de una toma de conciencia respecto al estado deplorable de los bosques, y por ende, al futuro incierto de la vida.

Fuente: María Belén López, Agencia Periodística del Mercosur (APM)