En este contexto, durante el 2007 se produjo un fuerte retroceso en nuestro país con la sanción de la Ley Antiterrorista, que establece severas penas, de hasta veinte años de prisión, para quienes sean acusados de pertenecer a organizaciones acusadas de participar en actos vinculados a una supuesta “guerra contra el terrorismo”, que es a todas luces una excusa promovida por los EEUU para implantar “su” terror al margen de todo el derecho internacional desarrollado con posterioridad a la segunda guerra mundial.

Sin embargo, la aplicación local de esta ley podrá tener consecuencias muy graves para las organizaciones del campo popular en general, y para los sindicatos en particular.

En efecto, leyes similares a la aprobada en nuestro país son actualmente utilizadas para reprimir la actividad de organizaciones sindicales en España y del pueblo mapuche en Chile.

El peligro de su aplicación extensiva en nuestro país debe operar como razón suficiente para que desde la CTA impulsemos acciones para lograr su derogación. Mientras tanto, entendemos que esta ley, en la práctica, funcionará como un nuevo marco jurídico represivo del cual se nutrirá el sistema judicial argentino para continuar persiguiendo y criminalizando a los luchadores sociales de todo el país. La penalización de muchos tipos de reclamos públicos actuará, de esta manera, como elemento de disuasión en causas populares.

Un ejemplo de la existencia de una regionalización de estos conflictos es la arbitraria detención de seis integrantes del Movimiento de Campesinos del Paraguay, quienes han solicitado refugio político en nuestro país. La CTA ha realizado un acompañamiento permanente en el pedido de libertad y refugio de estos compañeros.

En este sentido, observamos con gran preocupación la reaparición de los procesos penales como mecanismo de amedrentamiento y control social de los militantes populares, tal como ha sucedido en los casos de los hospitales Garraham y Francés, los motosierristas de Misiones, y los trabajadores del Subte.

Este proceso se complementa con la persistencia de estructuras represivas enquistadas en el aparato del Estado. Desde el regreso de la democracia en 1983 han sido asesinadas por causas de gatillo fácil alrededor de 1700 personas, a pesar de las muchas purgas y desplazamientos realizados, la situaron sigue siendo crítica. Las fuerzas policiales continúan manejándose con un nivel de impunidad, que afecta por sobre todo, a los sectores mas vulnerables.

La Ley Antiterrorista, legitima el poder de la represión en este sentido. Paradójicamente muchos jueces suelen ser garantistas a la hora de juzgar a los responsables de estos crímenes: desde 1983 a la actualidad tan sólo siete causas en todo el país han tenido condena de prisión perpetua por el delito de tortura seguida de muerte, a pesar de ser una práctica recurrente en dependencias de las fuerzas de seguridad.

Por el contrario, un logro en ese sentido es que en la Provincia de Jujuy, en un hecho que no registra antecedentes, se haya juzgado a policías involucrados en la muerte de militantes populares. La CTA Jujuy, con el fundamental apoyo de la Organización Tupac Amaru, permitieron sostener este proceso que, luego de 15 meses de investigación, concluyó con el dictado de las condenas para los responsables del asesinato de Josué Mendoza, militante de la Tupac.

Finalmente, la última y brutal expresión este retroceso ha sido el asesinato del docente Carlos Fuentealba, que volvió a mostrar la persistencia de dichos aparatos represivos en la estructura estatal.

Nuevamente, desde el gobierno de la provincia de Neuquén se intentó presentar un hecho político como un supuesto exceso. Por el contrario, se trató de un policía prontuariado en actividad, que disparó a sangre fría contra un militante popular que reclamaba contra un gobernador que favorece claramente los intereses de las compañías petroleras privatizadas, y que ningunea los derechos de los trabajadores. En tal sentido, dichos asesinatos políticos no resultan de un exceso, sino de la consecuencia de la concentración y extranjerización de los recursos naturales, al margen de los intereses populares.

En este contexto, resulta más actual que nunca promover, desde la CTA, las acciones que sean necesarias para fortalecer la campaña por el reclamo de justicia por el crimen de Carlos Fuentealba.