Este período de cinco años puede ser caracterizado como de transición. Esta transición provocó reacomodamientos en nuestros espacios de intervención, pero también en el ámbito de las fracciones del bloque de poder dominante.

La nueva coyuntura, signada por la culminación del ciclo recesivo a fines del año 2002 y el inicio de una fase ascendente se asentó en una modificación de los precios relativos, donde los bienes primarios (energéticos y agropecuarios) y los industriales ganaron posiciones en detrimento de los servicios públicos privatizados. Desde entonces, la reactivación del crecimiento económico avanzó sobre producciones exportables, pero también implicó aumentos significativos de la producción industrial vinculada al mercado interno.

Este proceso fue acompañado por cambios en las características de la conflictividad obrera y en la dinámica de la negociación colectiva. Elementos como un aumento sostenido de la productividad en el sector industrial, la incorporación productiva de capacidades industriales antes ociosas y el incremento del índice de ocupación, estarían dando cuenta de una modificación de la relación capital-trabajo.

Sin embargo, a partir de fines del año 2006 asistimos a un creciente estrechamiento de los márgenes de acción que se abrieron en 2002, y al surgimiento de discursos que, desde los propios sectores dominantes, convocan a una institucionalización del rumbo adoptado.

La traducción de esta institucionalización es ni más ni menos que la necesidad de establecer los límites dentro de los cuales se canalizará la relación capital-trabajo en los próximos años.

En este sentido, los conflictos laborales y la negociación colectiva desarrollados en el transcurso del año 2006 muestran el agotamiento de los grados de libertad del capital para enfrentar los reclamos provenientes de las organizaciones de trabajadores, ya sea desde el sindicato con personería gremial o a través de otros agrupamientos, sin afectar los niveles de ganancia obtenidos durante la década de los ’90.

Puede concluirse, a partir de esto, que hemos ingresado en una fase de agotamiento de las rentas extraordinarias que, vía regresividad distributiva, se habían construido en el marco de la crisis de la convertibilidad y de la devaluación como condición de la salida económica adoptada.

Es el proceso de agotamiento de las rentas extraordinarias construidas en el contexto de la crisis y la devaluación, el que está por detrás de los discursos empresarios que hablan de problemas en la rentabilidad que afectan al proceso de inversión, el que explica el movimiento de los precios, y el que indica el límite al que se está arribando en materia distributiva, por lo menos si no se encaran reformas estructurales que replanteen el proceso actual de concentración económica, y que sean capaces de reformular la especialización productiva de nuestro país.

A su vez, el incremento de las violaciones a la libertad y la democracia sindical explicita la debilidad de la presencia sindical en los establecimientos a través de delegados y comisiones internas. Esto no sólo limita la potencia de los reclamos sindicales, sino que obstaculiza la posibilidad de construir un sujeto que posea la fuerza suficiente para imponer cambios en el patrón de acumulación.

El modelo sindical, que promueve este tipo de prácticas, sigue plenamente vigente no obstante las continuas observaciones que sobre la Ley de Asociaciones Sindicales realizan los diferentes organismos de la OIT.