El 20 de diciembre culminará la primera etapa de las tareas en busca de minas activas que habrían sido enterradas en el predio militar durante la última dictadura. Allí permanece preso el represor Antonio Domingo Bussi, procesado por genocidio y delitos de lesa humanidad contra cientos de víctimas que estuvieron en cautiverio en el ex Arsenal.

Después de 31 años del último golpe militar, cuando el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga era uno de los 33 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en el territorio tucumano, personal especializado del Ejército Argentino iniciará mañana un operativo en busca de minas activas que habrían sido enterradas en ese predio militar durante lo que fue una de las etapas más negras de la historia argentina.

El desminado, que no tiene precedentes en el marco de las causas reactivadas por delitos de lesa humanidad, quebrará la tranquilidad del predio ubicado en el municipio de Las Talitas, donde permanece alojado el represor Antonio Domingo Bussi, procesado justamente por ser uno de los responsables del genocidio que se cometió contra las centenares de personas que permanecieron detenidas en cautiverio en el ex Arsenal.

A pedido del juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, y luego de varias etapas burocráticas, la ministra de Defensa de la Nación, Nilda Garré, dispuso el envío de un grupo de oficiales pertenecientes al Centro de Entrenamiento de Desminado Humanitario del Comando de Ingenieros del Ejército, que estará dirigido por el teniente coronel Leandro Villegas.

Fuentes judiciales confirmaron a primerafuente que el personal especializado del Ejército iniciará mañana las tareas de desminado, mientras que el 20 de diciembre próximo tiene previsto culminar con la primera etapa en un terreno que mide un poco más de dos hectáreas. En el marco de la investigación judicial, el juez Racedo intenta determinar si se ocultaron cuerpos de desaparecidos debajo de un campo minado con el objetivo de que no sean encontrados. La causa fue iniciada por organismos defensores de derechos humanos, a través de la querellante Laura Figueroa.

Según las pautas fijadas en un principio, el operativo de desminado demandará un desembolso de 836.000 pesos, es decir uno 1.789 pesos por día que serán financiados por el Ministerio de Defensa, y un plazo total de 467 días (podría ser modificado). A principios de octubre, una delegación del Ejército hizo un relevamiento previo de la zona militar, que comprende tres áreas que suman 93.263 metros cuadrados.

Informe: Primerafuente, portal de noticias de la Asociación de Prensa de Tucumán (APT-CTA)